La secuencia de ataques ocurridos en la provincia de Esmeraldas, tras el atentado del pasado 27 de enero contra el cuartel policial de San Lorenzo, ha dejado hasta el momento varias decenas de heridos, tres soldados muertos y un equipo periodístico secuestrado. Al mismo tiempo ha mostrado la ausencia de una planificación estratégica en seguridad y defensa, producto de una visión perversa que buscó destruir nuestras Fuerzas Armadas.
Hace más de un año, en pleno desarrollo del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, advertimos que algunas secciones de esa guerrilla no tenían la menor intención de integrarse a la nueva situación porque planeaban continuar sus actividades delictivas. Esos grupos residuales mantienen su capacidad operativa en la zona, con la diferencia de que ahora no solo protegen los negocios de los narcotraficantes sino que ellos mismos se dedican a esa labor.
Más atrás en el tiempo, hace casi una década, el informe de la Comisión que fuera creada para investigar la presencia de las FARC en el campamento de Angostura -destruido mediante una incursión de fuerzas militares colombianas-, alertó del riesgo de que el Ecuador se convierta en una narcodemocracia. Ese informe previó la magnitud de la infiltración en todos los estamentos sociales. Pero no se hizo nada.
Hay que decir las cosas como son: la guerrilla contribuyó a financiar la primera campaña presidencial de Alianza País; eso fue probado en el informe de Angostura aunque luego alias Mono Jojoy se encargó de desmentirlo por pedido de los hermanos Ostaiza (Édison y Miguel), según ellos supieron manifestarme en la Penitenciaría del Litoral. Sin embargo, el gobierno decía que todo era un montaje, calumnias de la prensa corrupta.
Evidentemente hubo una visión estratégica perversa para intentar destruir a las Fuerzas Armadas. Las negociaciones de paz en Colombia sumado al hecho de que estaba resuelto el problema limítrofe con Perú fueron los argumentos para sostener que estas ya no eran imprescindibles.
Con esa visión estulta se diseñaron políticas orientadas a revisar el rol de las Fuerzas Armadas y poco a poco las fueron debilitando, desacreditando para destruirlas. Una parte del proceso de la revolución bolivariana es sustituirlas por ejércitos dóciles.
La coyuntura requiere un gobierno de unidad nacional, no de tener un gabinete integrado únicamente por miembros del movimiento Alianza País reciclado. El presidente Lenín Moreno tiene que sacar la casta de estadista, botar a todos los pillos que todavía lo rodean y buscar los mejores hombres y mujeres para afrontar la situación.
Aquí se arriesgó algo que nunca, ni en un mal sueño, se debía arriesgar. El desconocimiento de estos temas ha sido de tales proporciones al punto de no tener claridad en cuanto a qué mismo hacer con los entes existentes: un tiempo tuvimos un Ministerio de Seguridad, otra época se lo llamó de Defensa, quitaron a las Fuerzas Armadas el manejo de la inteligencia estratégica y lo traspasaron a la Senain, luego se la destruye por haberse dedicado al espionaje político. En otras palabras se ha jugado con cuestiones que debieran ser sagradas. Una traición a la patria.
Las consecuencias las estamos viviendo ahora cuando ni siquiera hay el armamento adecuado para repeler a los ilegales. El anuncio de los ministros de Defensa y del Interior de que se enviará a la frontera un centenar de fusiles revela la escasez. Además me parece de una ingenuidad, digna de mejor causa, cómo develan las estrategias públicamente. El grado de improvisación es tan escandaloso que se permiten ser reticentes a trabajar en conjunto con nuestros socios inmediatos en esta lucha: Colombia y Estados Unidos, a sabiendas de que este es un problema global que tiene que ser enfrentado en esa dimensión.
A pesar de que el país se encuentra en una situación anómala, hay la sensación de que se intenta dar la impresión de que no pasa mayor cosa. Nos dicen que el Seguro Social está quebrado y que están por llegar unas medidas económicas para desactivar una crisis que viene desde el gobierno anterior, el cual, en lugar de dejar “la mesa servida” se llevó hasta la mesa.
En estas condiciones no se advierte una reacción encaminada a conformar un gobierno de unidad nacional cuya composición muestre la voluntad de resistir con firmeza una agresión externa; un desafío que no sabemos cómo enfrentar por la falta de planes de seguridad.
El tema es complejo, Ecuador tiene que enfrentarlo conjuntamente no solo con Colombia sino con todos los países que combaten el narcotráfico. En esto se requiere inteligencia más que fuerza, no es cuestión de instalar radares que cuestan una fortuna por cada 10 kilómetros de frontera. Por todo esto causa pena y rabia que el gobierno privilegie la presencia del país en la ALBA en lugar de integrarlo a la comunidad de naciones de la cuenca del Pacífico.
La crisis debería hacer reaccionar al presidente Lenín Moreno. La coyuntura requiere un gobierno de unidad nacional, no de tener un gabinete integrado únicamente por miembros del movimiento Alianza País reciclado. Si quiere seguir conduciendo los destinos nacionales, el mandatario tiene que sacar la casta de estadista, botar a todos los pillos que todavía lo rodean y buscar los mejores hombres y mujeres para afrontar la situación. Estamos ante una realidad dura y trágica que tiene visos de ir para largo.
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