Las expresiones intercambiadas entre el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor general del Estado, Carlos Pólit, prófugo de la justicia, en una conversación telefónica, confirman que en los últimos diez años la práctica política estuvo tejida por pactos y componendas.
La grabación de la charla, divulgada por el fiscal Carlos Baca Mancheno, ni siquiera pone los pelos de punta, como debiera pasar si recién nos enterásemos de la podredumbre. Eso sí, ha servido para convertir nuestras dudas en certezas.
Muchos actos de corrupción que hoy están en el ojo público ya fueron denunciados en su tiempo por los medios de comunicación que se atrevieron a hacerlo, a pesar de la censura impuesta por una ley que buscó amordazar al periodismo. De ahí que el diálogo sostenido en un lenguaje mafioso solo corrobora la infamia.
No hay otra forma de entender una plática cuyos actores dicen que el fiscal general del Estado no puede durar en el cargo más allá de fines de año, en vista de que ha incumplido los acuerdos. ¿Qué pacto mafioso hubo entre estos altos funcionarios del correísmo para que después dos de ellos acusen a otro de no estar cumpliendo lo prometido?
Asimismo, que la más alta autoridad del Estado en el ámbito penal, en lugar de realizar una investigación técnica como corresponde, haya utilizado el audio para defenderse de lo que llama ‘complot’ en rueda de prensa, evidencia que por encima de todo le interesa seguir en el cargo.
Aunque la trama para sacarlo tiene un elemento comprometedor: un presunto informe de Contraloría indicaría que Baca fue remunerado con fondos reservados de la Senain cuando presidió la comisión ad honorem que investigó los hechos del 30-S. Más grave aún: el supuesto intento de golpe de Estado contra Rafael Correa habría sido un montaje sacramentado por la comisión.
Si bien el informe aparece y desaparece a conveniencia, la duda ha sido sembrada y ahora mismo Baca es indagado por la fiscal subrogante. Esa investigación debe llegar hasta el fondo. El país no puede vivir con la incertidumbre de que pudo haber sido inculpada gente que no tuvo que ver con los hechos, en beneficio de un proyecto político maltrecho que vio la oportunidad de crear una conspiración de la nada.
Los ecuatorianos tenemos derecho a saber si fue o no premeditada la provocación a la Policía, el desgarro de la camisa y los gritos “dispárenme”, “dispárenme”, para desencadenar el incidente. Y saber por qué la Justicia se prestó al juego.
Inquieta la posibilidad de que se haya producido un reparto de la ‘troncha’. Solo así se explicaría la abstención del partido Social Cristiano y del movimiento Suma que dio soporte a la votación del ala morenista de Alianza País para negar un pedido de renuncia al titular del Legislativo.
De probarse que no fue real el intento de golpe, el actual fiscal tendrá que explicar por qué comprometió la imagen nacional a costa de pobres inocentes; nunca mejor dicho.
Más allá de todo esto, la república ha entrado en un estado de indefensión alarmante. Esta condición debería infundir patriotismo a los ecuatorianos para rebelarnos con el fin de salir de esta ola de podredumbre que asfixia.
En medio de estos acontecimientos, inquieta la posibilidad de que en la Asamblea Nacional se haya producido un nuevo reparto de la troncha. Solo así se explicaría la abstención del partido Social Cristiano y del movimiento Suma que dio soporte a la votación del ala morenista de Alianza País para negar un pedido de renuncia al titular del Legislativo.
Sorprende también la actitud pasiva del presidente Lenín Moreno. Su muletilla del respeto a las otras funciones no puede servir de excusa para dejar que el Estado pierda el rumbo. Quién mejor que él conoce las interioridades de Alianza País, por ello está obligado a proceder en consecuencia.
En su calidad de presidente del partido al que pertenecen Serrano y Baca, Moreno podría pedirles que den un paso al costado. No puede ser que permanezca impasible ante esta pelea de compadres que se lanzan acusaciones en una suerte de competencia para determinar quién es más pillo. Tampoco se escuchan las voces de los partidos, ¿qué rol juegan?, ¿dónde están? Salvo el líder de CREO, Guillermo Lasso y algunos legisladores de su partido, la mayoría han hecho mutis por el foro.
Mención aparte merece la Conaie que ya advierte con realizar un levantamiento nacional si no renuncian los involucrados en el escándalo. Ojalá todos salgamos en apoyo a la medida, ya es hora de hacer algo por la dignidad del país.
En este estado de esquizofrenia absoluta, el Consejo de Participación Ciudadana Provisional, encabezado por el confiable Julio César Trujillo, tiene la misión de evaluar y remover de sus cargos a los funcionarios que no han cumplido con sus obligaciones. Esperemos que puedan acelerar el paso y así empezar a poner fin a la degradación política, moral y jurídica dejada por el régimen pasado.
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