Los ecuatorianos necesitamos conocer cómo y quiénes endeudaron tanto al país

lunes, enero 15, 2018

La auditoría deberá identificar los créditos más importantes y, sobre todo, aquellos en los que está comprometido el petróleo. Es urgente salir de los préstamos demasiado onerosos.

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La Contraloría General del Estado integró una Comisión de 11 veedores, relacionados con el campo económico financiero y el ámbito jurídico, para analizar el examen especial a la deuda pública interna y externa del Ecuador en la última década. Es un trabajo muy importante porque estamos hablando de obligaciones que superan los $60.000 millones, casi el 70% del PIB.

La deuda anterior por la que tanto alboroto hizo el gobierno del expresidente Rafael Correa cuando recién llegó al poder, y que incluso llegó a decir que no se debía pagar, apenas llegaba a $7.500 millones. Fue una deuda comercial refinanciada en 1995 en el gobierno de Sixto Durán Ballén, a 30 años plazo con unos 400 bancos.

Ahora estamos hablando de más de $60.000 millones y lo mínimo que podría esperarse es una revisión no solo para establecer el monto real de las obligaciones, sino para conocer el costo del servicio de deuda, su costo financiero y de capital porque muchos proyectos de infraestructura, financiados con deudas, resultaron demasiados costosos.

El examen y la veeduría deberían determinar, por ejemplo, por qué algunos tramos de la deuda de esta última década resultaron más onerosos que otros.

Es un examen bastante complejo por la variedad de acreedores. Están los créditos de país a país, los organismos multilaterales, la banca pública y privada y los mercados de capitales internacionales, porque hubo importantes emisiones de bonos sobre todo en el último período del gobierno anterior con tasas que iban del 10% al 11%.

Y también está la venta anticipada de petróleo que no fue catalogada como deuda por el expresidente Correa, pero son obligaciones que se deben cumplir y que están muy bien garantizadas.

Es necesario, además, la revisión de los proyectos que se hicieron sobre todo con deuda, sin ninguna licitación ni concurso, entregados a empresas de los países que pusieron el financiamiento. China fue uno de los principales prestamistas del anterior gobierno. Hay que determinar si hubieron sobrecostos y la calidad técnica de las obras.

Son proyectos que no solo se financiaron con deudas de ese país, sino que los ejecutores eran empresas chinas, con maquinaria y equipos chinos, con bienes de capital y tecnología chinos. Fueron proyectos como se decía antes, llave en mano, como así se denominaban a las obras de ingeniería donde el promotor y el agente son de la misma entidad.

Las consultorías eran del mismo país, al igual que los estudios técnicos y de factibilidad y todo el personal especializado. Eso obligó a Ecuador a mantener una dependencia de China en cuanto a la reposición de maquinaria, piezas, partes y materia prima o ampliación de los proyectos y obras complementarias.

Todo eso tiene un costo financiero para el país, porque se cerró la oportunidad a empresas de otros países fabricantes y proveedores para competir abiertamente mediante concurso o licitación, en términos de precios, calidad y cumplimiento de las condiciones técnicas, legales, financieras, administrativas y operativas.

El examen no solo permitirá determinar cuál es el costo real de las obligaciones, sino los programas y plazos de vencimiento para el pago del capital y de los intereses año por año. ¿Hubo pago de comisiones?, ¿cuáles fueron las garantías comprometidas?, ¿cuál será la carga de la deuda año por año? El Ecuador debe contar con un calendario de pagos para sus obligaciones en largo tiempo.

Todo este análisis es importante hacerlo porque los acreedores son de diferente naturaleza, obligaciones con situaciones legales distintas, porque una cosa es deber a un Estado acreedor y otra muy distinta a un organismo multilateral o un banco o los mercados de capitales. Cuando el Estado Ecuatoriano interviene siempre está la garantía soberana, porque es el que garantiza el pago de todas las obligaciones. Esas son deudas que generalmente deben obtenerse en las mejores condiciones.

Una vez establecida la carga de la deuda al gobierno le corresponderá determinar qué hacer en el futuro. Será difícil lograr refinacimientos, porque además no es que fácilmente entrará ayudar el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, como ocurrió en 1995. Son organismos que fueron echados del país en el anterior gobierno. Ni la misma banca privada que en el refinanciamiento anterior condonó importantes montos de intereses.

Lo principal de la deuda ecuatoriana no es con los organismos internacionales, es con los mercados. Ahora cuenta mucho el riesgo país y este es un factor importante para acudir a los mercados. La solvencia y la liquidez de la economía ecuatoriana, así como los indicadores económicos son aspectos importantes para conseguir mejores condiciones para su deuda.

Hay deudas que podrían ser fáciles de renegociar, como el caso de las obligaciones con China porque el gobierno se puede sentar y pedir mejores condiciones, plazos más largos o intereses más blandos. Pero eso a la final tiene consecuencias porque será difícil para el equipo económico salir a pedir más créditos, porque el país deberá privilegiar el pago de los créditos que están muy bien garantizados, como el de la preventa petrolera.

La auditoría deberá identificar los créditos más importantes y, sobre todo, aquellos en los que está comprometido el petróleo. Es urgente salir de los préstamos demasiado onerosos.

Una de los cuestionamientos más serios al último proceso de endeudamiento es la opacidad con la que se manejó todo. Antes había un Comité de Crédito Externo que analizaba y evaluaba los aspectos financieros, técnicos legales, entre otros, con grupos de trabajo especializados del Banco Central y Ministerio de Finanzas, que debían presentar informes técnicos, económicos y financieros cuando había la necesidad de contratar deuda.

En ese Comité participaban la Contraloría, el Banco Central, Finanzas y tenían la obligación de decirle y recomendar a la Junta Monetaria o Directorio del Banco Central y al propio Gobierno Nacional, si en realidad había o no necesidad de endeudarse y en las condiciones más convenientes para el país. En los últimos diez años todo eso cambió.

Todo el tema del endeudamiento se manejó casi de forma reservada, nadie conoce las condiciones, los plazos y por eso la importancia de la autoría, porque el país necesita conocer cómo se tomaron esas decisiones y quiénes fueron los responsables, el nivel de compromiso de cada uno que participó en ese acelerado proceso de endeudamiento.

Eso será factible identificar, porque siempre hay documentos que se firmaron, por ejemplo en la emisión de bonos, ¿quiénes fueron las autoridades responsables y qué instituciones? Fueron acaso personas que sobre endeudaron al país, a todos los ecuatorianos.

Y no hay que asustarse por una reacción de los mercados de capitales ante el examen especial, porque los importantes acreedores de la deuda ecuatoriana son precisamente los tenedores de bonos y los mercados en los que aquellos actúan son muy buenos conocedores de las condiciones y fuerzas del mercado.

Una investigación como esta necesariamente va a poner nerviosos a algunos, porque el examen determinará el sustento legal de las acreencias. Hay aspectos de orden técnico económico y financiero que será necesario analizar más al detalle como la deuda a corto plazo. Pero al final del día, lo que se conseguirá es dar seguridad y confianza a los mercados porque se conseguirá transparencia.