Es necesario derogar la Ley de Plusvalía

lunes, enero 1, 2018

La ley incluye cargas tributarias que distorsionan seriamente el mercado y que, en lugar de evitar la especulación en las zonas urbanas o rurales, ha frenado el sector de la construcción al afectar indiscriminadamente a grandes y pequeñas empresas del ramo. 

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Definitivamente mi respuesta es Sí a la pregunta seis de la consulta popular convocada para el domingo 4 de febrero, debido a que el gobierno anterior cuando expidió la Ley Orgánica para Evitar la Especulación Sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributo, incluyo cargas tributarias que distorsionan seriamente el mercado y que, en lugar de evitar la especulación sea en las zonas urbanas o rurales, ha frenado el sector de la construcción al afectar indiscriminadamente a grandes y pequeñas empresas del ramo.

Desde el 2008 hasta el 2014 el sector de la construcción creció exponencialmente derivado de la gran liquidez en la economía, en gran parte por la inyección de gasto público así como también facilidades de acceso a crédito bancario, pero entre el 2015 y el 2016 la economía ecuatoriana entró en una crisis que afectó, entre otros sectores, al de la construcción lo cual provocó que en ese lapso cierren aproximadamente el 40% de las pymes relacionadas a la construcción.

A fines del 2016, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Plusvalía” que, entre algunos de sus puntos, creó un impuesto del valor especulativo del suelo, que se aplica a la ganancia extra que genere la segunda venta de inmuebles y terrenos, después de reconocer al propietario una ganancia ordinaria que incluye el valor del inmueble en escrituras, tasas y gastos por mejoras, y una tasa de interés equivalente a tener el dinero en el banco, siendo equivalente al 75% aproximadamente lo que el propietario debe pagar al Estado.  De igual manera, los terrenos también deberán pagar un impuesto del 75%.

Además, la ley incluyó a los fideicomisos en el pago del impuesto al valor especulativo del suelo y solo se excluyó a los constructores que realicen proyectos de vivienda social y prioritaria.

Lo anterior ha desestimulado y agravado aún más al sector de la construcción, pues no brinda garantías para la inversión, trayendo como consecuencia una importante contracción en este sector, que acorde a estadísticas del Banco Central del Ecuador muestra una contracción del  – 1.7% en el segundo trimestre de 2017; y, de un -7.9% del mismo período del 2016.

Entonces, siendo un sector que genera una gran cantidad de empleo directo e indirecto en el país, es necesario la derogación de esta ley que atenta a la seguridad jurídica del Ecuador, que limita los flujos de inversión hacia este sector, merma la libertad de elegir el mejor uso del suelo que quiere darle el propietario y frena el crecimiento del país al no permitir la creación de puestos de trabajo en la economía.