La corrupción espeluznante (en palabras de Lenín Moreno) está un escalón más arriba de Glas

domingo, diciembre 17, 2017

Parece de campeonato el cinismo de Rafael Correa al pedir que la OEA aplique la Carta Democrática cuando su régimen la negó para Venezuela y la repudió cuando se violaban los derechos humanos en el Ecuador.

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La condena al vicepresidente Jorge Glas a seis años de cárcel como autor del delito de asociación ilícita en la trama de corrupción montada por la constructora Odebrecht, que fuera emitida por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, es apenas la punta de un iceberg que empieza a emerger.

En materia de corrupción lo peor está por venir, para mayor vergüenza de los ecuatorianos. Todavía están pendientes de investigar todos los contratos petroleros, el caso Caminosca, las obras públicas. Esperemos que todas las pesquisas lleguen hasta el fondo, no vaya a ser que el fallo por el caso Odebrechet forme parte de una estrategia montada para sacrificar un ‘chivo expiatorio’ y el resto quede cubierto bajo el mar.

No produce optimismo saber que Jorge Glas está preso, condenado en primera instancia y sin funciones. Aunque, para tranquilidad de mi conciencia, esto solo confirma que no calumniaba al decir que el país estaba en riesgo de elegir un delincuente en la Vicepresidencia de la República, con ocasión de la primera vuelta electoral.

La sentencia al vicepresidente no soluciona el problema. La corrupción espeluznante, en palabras del presidente Lenín Moreno, necesariamente tuvo que estar un nivel más arriba. Glas fue jefe de la corrupción en los sectores estratégicos, pero de la putrefacción generalizada fue jefe Rafael Correa. Si no lo era, la toleró; entonces sería culpable por negligencia.

Como reconoció el hasta hace pocos días secretario General de la Presidencia, Eduardo Mangas, en un audio filtrado que le costó el cargo, en los tiempos de campaña ya se sabía que eran ciertas y tenían fundamento las denuncias sobre actos de corrupción, pese a ello se abstuvieron de tomar cartas en el asunto. ¿Quizás estaba de por medio la aspiración de primero ganar las elecciones y luego comenzar a sanear? Las aclaraciones no satisfacen.

Analizar la coyuntura, a pocas horas de que se reúna el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) para decidir sobre un eventual juicio político al vicepresidente, es tarea compleja. De persistir la negativa (como pasó con dos pedidos anteriores) habría que esperar el fin de su licencia para que deje de ostentar tal dignidad. Eso sería una afrenta al país.

Ojalá que la actuación de la Justicia sensibilice a la instancia legislativa. La Constitución faculta a la Asamblea procesar políticamente a un alto funcionario aún sin contar con un fallo penal, es decir nunca hubo ni hay pretexto válido para obstaculizar el juicio. Probablemente el único fin era evitar la humillación de que se hagan públicos ciertos entretelones turbios, durante el debate.

Empero, luego de todo lo sucedido, es imprescindible descubrir que existe una función fiscalizadora que opera al margen de los intereses de una organización política que tiene como máxima el cinismo, evidenciado por el expresidente Rafael Correa, de acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar una supuesta alteración del orden constitucional. Parece de campeonato mundial del cinismo pedir que se aplique la Carta Democrática cuando su régimen la negó para Venezuela y la repudió cuando se violaban los derechos humanos en el Ecuador.

En medio de este ambiente de escándalos por corrupción, será muy difícil atraer la inversión que tanta falta hace. La situación económica es crítica y nada se hace para remediarla. La recaudación tributaria es el estándar de una supuesta reactivación; en materia petrolera se mantiene el tipo de contrato que fue cuestionado, aunque el ministro del ramo ha dado señales de querer implantar una nueva política de comercialización. Por lo demás… el país sigue en pausa.

Año tras año, la celebración navideña abre un espacio de reactivación. Pero este podría ser la excepción porque los ánimos siguen decaídos, los sueldos no alcanzan, la delincuencia crece mientras se percibe una conducción errada. ¿Un ejemplo?, el cierre de un hospital para tratar tuberculosis, en Guayaquil, cuyos pacientes fueron remitidos a un policlínico donde se atienden personas infectadas con VIH.

Así por el estilo, todavía no se aprecia un cuerpo coherente de acción política-administrativa altamente calificado, dadas las condiciones político-económicas de la república.

Más lamentable aún es comprobar que la ciudadanía ha caído en una especie de sopor que le lleva a presenciar con apatía lo que ocurre en el ámbito político. Por otro lado, las estadísticas dan cuenta de que la corrupción no es la principal causa de preocupación (lo mismo en otros países de América Latina), sino otros problemas muy graves que no son atendidos, mientras nos divertimos con el circo de una aparente persecución a la podredumbre.

En mi opinión, la sentencia no inaugura el estado de justicia en Ecuador; únicamente se trata de una concesión a la presión ejercida por la Comisión Ciudadana Anticorrupción, los medios de comunicación y un pequeño segmento ciudadano.

Puesta en cifras, la descomposición ha causado al país un perjuicio de $35 000 millones. A partir de esos números -en porcentajes- debe ser bien alta la magnitud de las coimas, por eso no sorprendería que alguien use un poco de esos recursos para tratar de recuperar el poder político. Ante eso no tenemos mecanismos de defensa.

Los partidos políticos solo actúan en tiempos de campaña electoral, muy de vez en cuando uno que otro de sus representantes elegidos cumple su rol. El resto se quedan mirando unos a otros. ¿Los ciudadanos? Muchos son indiferentes. Por ahora vivimos en una sociedad de cómplices y eso es escandaloso.

Siempre es posible abrigar la esperanza de que vendrán días mejores. Van para los lectores y sus familias mis deseos porque pasen una Feliz Navidad y el nuevo año llegue cargado de optimismo.