Al abrazar la causa independentista de Cataluña, el protegido en nuestra embajada en Londres, Julian Assange, ha irrespetado nuevamente la norma del asilo que prohíbe a todo acogido hablar sobre temas políticos de la patria a la que pertenece, de otros países y, peor aún, del Estado receptor.
Por estos días, distintos medios españoles han informado sobre la reciente reunión mantenida entre el fundador del portal Wikileaks y Oriol Soler, uno de los ideólogos del separatismo catalán. Además se ha revelado la difusión de miles de mensajes de apoyo al secesionismo, a través de medios electrónicos.
Aún está fresca la participación de Assange en la última campaña presidencial de los Estados Unidos, cuando su portal divulgó millares de correos electrónicos de la campaña demócrata de Hillary Clinton, supuestamente proporcionados por las agencias rusas que los habrían robado con el fin de contribuir a su derrota. Lo que a la postre ocurrió.
Antes de eso, el asilado estuvo detrás de un salvoconducto otorgado desde el consulado de Londres al espía Edward Snowden, para abandonar Hong Kong en su travesía a Ecuador, pero fue dejado en Moscú cuando el vicepresidente norteamericano llamó a reprochar al presidente Rafael Correa. Finalmente, el gobierno ruso concedió asilo a Snowden.
El comportamiento del australiano no parece el de un amparado por nuestro gobierno. Nada más recibir el asilo calificó al Ecuador de “país insignificante” y tiempo después tuvo la insolencia de decir que el excandidato a la Presidencia, Guillermo Laso, debía irse del país tras perder las elecciones.
El último desatino de Assange es muy grave debido a que podría enturbiar las magníficas relaciones entre Ecuador y España. La Cancillería debería tomar una medida firme, porque no cabe anteponer el amparo a un personaje que no merece ni respeta el asilo, a los intereses del país.
Al parecer, nada de lo sucedido ha motivado un enérgico llamado de atención por parte de la Cancillería para poner un alto a esta conducta abusiva. Él está obligado a cumplir la convención del asilo; no tiene otra opción. Por ello resulta lamentable la actitud permisiva de los operadores de nuestro servicio exterior.
Desde hace cinco años, Assange vive en la sede diplomática en Londres, a la que ha convertido en su centro de operaciones. Allí se reúne con personajes políticos, con miembros de la farándula internacional; con la gente de su equipo, prácticamente se ha tomado la Embajada, mantenida con nuestros impuestos.
En mi opinión, el derecho de asilo no aplicaba para el caso del hacker australiano, pues no era un perseguido político (como siempre ha alegado) sino un ciudadano enjuiciado por robo de documentación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, calificada con inmunidad diplomática, y por dos denuncias de violación. Por esa razón, el Reino Unido le ha negado reiteradamente el salvoconducto para que viaje al Ecuador.
El último desatino de Assange es muy grave debido a que podría enturbiar las históricamente magníficas relaciones entre Ecuador y España. Lo sucedido debería apremiar a la Cancillería a tomar una medida firme, porque no cabe anteponer el amparo a un personaje que no merece ni respeta el asilo, a los intereses del país y los vínculos con un gobierno amigo. Además no hay que perder de vista que en España viven cientos de miles de compatriotas.
Si hasta ahora la Cancillería no ha podido hacer que el asilado respete las convenciones, va llegando el momento de pensar en retirarle ese derecho, porque Assange se ha burlado del Ecuador, nos ha causado un daño superior al fungir de ‘embajador’. En la retina del mundo hay la impresión de que es la persona que toma las decisiones en las oficinas de nuestra representación diplomática en Londres.
Ojalá que el gobierno y la Cancillería den marcha atrás al asilo otorgado equivocadamente hace cinco años. Sobre todas las cosas, deben pensar en los altos intereses del país. No debe haber otro interés mayor.
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