El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció lo evidente para quienes han seguido de cerca la crisis de Venezuela: el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva contra miles de manifestantes. Descargas eléctricas, golpes con cascos y porras contra detenidos esposados, presos colgados de las muñecas durante periodos prolongados, asfixia con gases y amenazas de muerte o violación.
Hasta el 31 de julio, el organismo contabilizó 124 muertos y casi 2.000 heridos, según datos proporcionados por la Fiscalía venezolana, antes de que una Constituyente elegida por chavistas y solo chavistas sacara por la fuera a la Fiscal Luiss Ortega Díaz. Las fuerzas de seguridad serían responsables de al menos 46 muertes y los grupos armados progubernamentales, conocidos como colectivos armados, de otras 27.
Según los relatos de los manifestantes y testigos citados en el informe, la llamada Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y los cuerpos de policía locales usaron “sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones”.
“Me detuvieron por protestar y un guardia nacional me tocaba los senos. Quería que delatara a mis compañeros, saber su ubicación. Me amenazaba con abusar de mí”. Es el relato de una joven de 19 años, militante del movimiento antigubernamental La Resistencia, recogido en el informe. Su hermano, menor de edad y militante del mismo grupo, acusó a un hombre identificado como agente de policía de haber derramado un líquido hirviendo en su pierna.
Los adelantos de ese informe, que será conocido en su integridad a fin de mes, fueron divulgados las primeras horas del martes, horas después de la publicación de un comunicado de la Cancillería de Ecuador en respaldo a la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro.
“Ninguna voluntad extraña puede conminar al Gobierno de Venezuela a tomar decisiones contrapuestas a sus intereses legítimos, ni a desconocer la voluntad general de su pueblo, que se ha expresado en las urnas a favor de instalar al Poder Constituyente”. Una voluntad dudosa, que nunca nació de un voto universal, sino de uno cautivo.
Para la noche del martes el comunicado de la Cancillería fue retirado de su portal web.
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