Ecuador espera una respuesta de China sobre la pesca prohibida en las islas de Galápagos

domingo, agosto 20, 2017

Dentro de los 133 mil km2 de la reserva marina de Galápagos -la segunda más grande del mundo- todas las especies están protegidas. El archipiélago es parte de la reserva de la biósfera del planeta y uno de los parques naturales más sensibles.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La canciller María Fernanda Espinosa, dijo que el Gobierno está a la espera de una respuesta del gobierno chino, luego de que el país reclamara formalmente por la presencia de una flota pesquera de 300 embarcaciones cerca de la reserva de las islas Galápagos, a la cual pertenecía el barco capturado con especies amenazadas de tiburón.

“Es una protesta formal por las actividades que se estaban realizando, y que potencialmente se podrían realizar, en una flota de barcos de bandera china, que han ingresado esporádicamente dentro de la zona económica exclusiva del Ecuador”, dijo Espinosa. Por este hecho, la justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva para sus 20 tripulantes.

Espinosa recordó que tanto Quito como Pekín firmaron la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar (Convemar). “Eso obliga a ambas parte a preservar y conservar todas las especie vivas y no vivas que se encuentran en nuestros océanos, sobre todo especies vulnerables y altamente migratorias”.

El ministro de Defensa, Miguel Carvajal, recordó por su parte que, aunque esté en aguas internacionales, la actividad pesquera de esta flota “sí afecta a la cadena alimenticia, de la que depende el equilibrio ecosistémico del archipiélago de Galápagos, y a las actividades de pesca del país”.

“Sabemos dónde están, sabemos qué están haciendo. Si ellos ingresan a nuestras aguas jurisdiccionales a hacer actividad extractivas de nuestros recursos, la Armada actuará como lo hizo” con el barco detenido el domingo, declaró el comandante de Operaciones Navales de la Armada Nacional, Darwin Jarrín.

Las autoridades informaron que se conformará una comisión ministerial y de la Fiscalía para establecer una estrategia que permita reducir, minimizar y neutralizar la degradación de la riqueza ictiológica.