La corrupción en América Latina es institucionalizada… aunque hay ciertos aires de cambio

miércoles, julio 26, 2017

En términos monetarios, el avance de las investigaciones deja en claro que las mayores cifras de la corrupción coinciden con gobiernos que estuvieron varios años en el poder.

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En varios países de América Latina existe una corrupción institucionalizada desde hace décadas. Esta práctica perversa se magnificó durante los años recientes, conforme se incrementaban los recursos de los Estados como producto del auge de los commodities.

El abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos públicos son rasgos inconfundibles de un estado de corrupción estructural, y puede surgir de la esfera pública o privada. Esta condición se magnificó entre 2002 y 2014 en coincidencia con la bonanza de los precios de las materias primas que batieron récords históricos en el mercado internacional.

Con los enormes recursos disponibles, los gobiernos construyeron muchas hidroeléctricas, represas, carreteras, aeropuertos… El ahorro de tiempo fue la excusa perfecta para entregar contratos millonarios a grandes compañías, sin concurso alguno. Pero los tiempos cambian y los casos de corrupción que actualmente sacuden a varios países de América Latina están asociados a la construcción de esas obras de infraestructura.

En términos monetarios, el avance de las investigaciones deja en claro que las mayores cifras de la corrupción coinciden con gobiernos que estuvieron varios años en el poder, por ejemplo Argentina, Venezuela, Brasil. La longevidad de los regímenes estuvo acompañada de una concentración de los poderes del Estado. Esta situación debilitó aún más una institucionalidad que ya era precaria.

La lucha contra la corrupción empezó en los años 90 del siglo pasado, a través de una campaña global emprendida por varias organizaciones internacionales. En un inicio, este cometido estuvo ligado a una fuerte crítica al modelo estatista. Ese patrón se mantiene en la presente coyuntura.

No obstante, durante los últimos años la sociedad civil organizada ha jugado un rol menor en el combate a la corrupción, lo cual se explica por el fortalecimiento de los Estados. Más bien la putrefacción ha salido a la luz como parte de una pugna entre poderes de un mismo Estado. Lo antedicho se observa nítidamente en Brasil, donde el poder judicial  ha emprendido una campaña en contra de la Presidencia, mientras el Congreso y el Ejecutivo intercambian acusaciones de corrupción.

Así emergió el sonado caso de los sobornos entregados por la gigante constructora brasileña Odebrecht,  para obtener contratos en varios países del mundo.  La figura jurídica de reducción de penas a cambio de información  ayudó a armar el rompecabezas.

A diferencia de la sociedad civil organizada, cuya participación ha sido menor en comparación con los movimientos surgidos en la década de los 90, hoy por hoy las redes sociales se han levantado como un baluarte de la lucha contra la corrupción.  La prensa no se ha quedado atrás en la investigación de las denuncias, sin embargo ha sido superada de largo por las plataformas digitales.

Los avances tecnológicos también han motivado una creciente transparencia en el sistema financiero internacional, de modo que cada vez resulta más difícil mantener ocultos los actos de corrupción. Pese a esto, en los Estados y en la sociedad continúan enquistadas las redes de corrupción.

Hace pocos días, el juez Concepción Carhuancho impuso 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Ambos están acusados de un supuesto lavado de dinero en el caso Odebrecht. En igual situación se encuentra el ahora prófugo Alejando Toledo.

En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula Da Silva fue declarado culpable de corrupción y blanqueo de dinero en primera instancia, de confirmase la sentencia, el exmandatario tendrá que ingresar a prisión. República Dominicana, Ecuador, Colombia y otros países también habrían sido alcanzados por el largo brazo corruptor de la compañía brasileña.

Todos queremos que avancen las investigaciones, se desarrollen los juicios con todas las garantías y que los culpables de haber incurrido en estos actos inmorales reciban sanciones ejemplares. Esto dependerá de que funcione la división de poderes con la independencia fijada por el sistema democrático: Ejecutivo, Asamblea Nacional y Función Judicial.

En Ecuador, durante los dos primeros meses del gobierno de Lenín Moreno han surgido algunas señales de que existe interés por investigar y procesar la corrupción. Sobre todo por parte del Ejecutivo.