El presidente Lenín Moreno firma el primer indulto para un detenido por protestas contra el Gobierno anterior

miércoles, junio 14, 2017

El 30 de mayo, la Conaie entregó en la Asamblea Nacional y en la Presidencia una lista de 177 pedidos de amnistía y 20 de indulto, para los dirigentes y miembros del movimiento indígena que habían sido judicializados por protestas sociales.

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El presidente Lenín Moreno anunció la tarde de este miércoles 14 de junio el indulto a Patricio Marcelo Meza, ambientalista detenido el pasado 6 de junio en Puyo. Él fue condenado a seis meses de prisión, por ataque y resistencia durante el paro indígena de agosto del 2015.

“El diálogo empieza a dar frutos. Acabo de indultar a Patricio Marcelo Meza Saltos que fue sentenciado en Pastaza”, fue el mensaje difundido en su cuenta de Twitter @Lenin.

¡Buenas noticias!
El diálogo empieza a dar frutos.
Acabo de indultar a Patricio Marcelo Meza Saltos que fue sentenciado en Pastaza. pic.twitter.com/otcYvKKR7O

— Lenín Moreno (@Lenin) 15 de junio de 2017

El Presidente adjuntó el Decreto Ejecutivo No. 32, que le concede el perdón de la pena impuesta. La ejecución del Decreto está ahora en manos del Ministerio de Justicia, encabezado por Rosana Alvarado.

En los considerandos del documento, Moreno aseguró que la medida se tomó dentro del “contexto del proceso del diálogo nacional propuesto por el Gobierno Nacional… para afianzar la construcción de un país democrático que respeta la dignidad de las personas y colectividades”.

El 30 de mayo, la Conaie entregó en la Asamblea Nacional y en la Presidencia una lista de 177 pedidos de amnistía y 20 de indulto, para los dirigentes y miembros del movimiento indígena que habían sido judicializados por protestas sociales.

La mayoría de los casos están relacionados con protestas sociales ocurridas desde el 2008 contra el gobierno del expresidente Rafael Correa. El día en que Meza fue detenido, según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), se registró un intenso control policial en varias localidades del Ecuador, lo que evidenciaba “la continuidad de una política más amplia y sistemática de criminalización de la protesta social”.