Cabify, según Wikipedia, es una empresa de redes de transporte a nivel internacional que conecta a usuarios con vehículos premium a través de una App. Con operaciones en España, América Latina y Portugal, la compañía ofrece dos servicios, uno para clientes corporativos y otro para usuarios particulares. Ahora opera en España, México, Chile, Colombia, Perú, Brasil, Panamá, Portugal, Argentina, República Dominicana, Uruguay y Ecuador.
Cabify fue fundada en mayo de 2011 por el empresario español Juan de Antonio, ingeniero en telecomunicaciones y graduado de la Universidad de Stanford, y la idea se le vino, siempre según Wikipedia, a partir de su experiencia con los taxistas en Asia y América Latina, donde tenía que negociar el precio e insistir a los conductores para detener el taxímetro.
Cabify funciona como punto de contacto entre usuarios y un selecto grupo de conductores privados, dice Wikipedia. Los usuarios pagan por el servicio con su tarjeta de crédito o cuenta de PayPal; durante 2016, algunos países incorporaron los pagos en efectivo.
Cabify, sin embargo, ha enfrentado una serie de problemas que la empresa los atribuye a la competencia o a presiones. En Colombia, por ejemplo, ha sido sancionada por la transgresión de las normas de transporte, al permitir que se preste un servicio individual de pasajeros en vehículos de transporte especial no autorizados para esa modalidad de servicio.
La empresa ha dicho que la sanción cumple con todas las características de una acción impulsada por intereses externos y por gremios que quieren hacerle zancadilla a la innovación y que utilizan como herramienta una entidad que no tiene competencia para vigilar compañías de tecnología.
Y he aquí el primer dilema: ¿qué es Cabify?, ¿una compañía de tecnología o un servicio de transporte?, ¿por qué Cabify ha concentrado toda su artillería en América Latina donde tiene tantos problemas y no mete toda su carne al asador en un mercado como el de Estados Unidos?
El servicio de taxis y de transporte público es pésimo en América Latina y en Ecuador, tal vez en particular. ¿Quién lo duda? Uno de los carteles que más hondo caló en las protestas contra el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, cuando el Gobierno del PT defendía haber sacado a millones de la pobreza, fue precisamente sobre el tema de la movilidad: Un país desarrollado no es aquél donde el pobre tiene auto, es aquél donde el rico usa el transporte público.
Pero no un transporte público que se pinta como elitista o se lo califica de servicio ejecutivo con aire acondicionado. Un país desarrollado es donde todos pueden usar un transporte público cualquiera, sin necesidad de tener tarjeta de crédito o hacer distinción por el servicio.
Ecuador necesita caminar a años luz para mejorar su transporte público, pero eso no pasa por defender a ciegas, a cuentas de la libre competencia, a multinacionales que se mueven entre ser empresas tecnológicas o de transporte.
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