¿Cuál es la administración pública racional que necesita ahora Ecuador?

viernes, abril 28, 2017

Lo que el nuevo Gobierno debe hacer primero es una reestructuración total de la administración para dar una imagen de que entrega más libertad a los ciudadanos para que tomen sus propias decisiones...

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El tamaño óptimo de la administración pública de un país no depende del tamaño mismo de su economía sino del modelo económico que siga. En el caso de Ecuador, de acuerdo con el modelo correísta, en donde el Gobierno tiene la facultad para incidir en todos los sectores con un modelo híper presidencialista, lo usual era tener un Ministerio por cada una de las áreas estratégicas: Salud, Obras Públicas, Movilidad además de otras tantas Secretarías con rango de Ministerios, sin delinear un área específica.

En realidad no se puede establecer cuántos Ministerios debería tener la administración pública de un país determinado para que sea eficiente, pero sí se puede determinar qué servicios son los que el Gobierno central necesita entregar al ciudadano de manera física y qué servicios puede facilitar solo con el uso de las herramientas tecnológicas disponibles.

Una administración pública racional es aquella que facilita a los ciudadanos el acceso a los servicios públicos y cuando estos son variados pero sencillos, no es necesario tener tantos ministerios ni oficinas públicas. Sobre todo, ahora que tenemos un agregado que es la tecnología y los sistemas de comunicación.

Los países modernos han pasado de un sistema de administración pública a un sistema de gobernanza y ahora el mundo está migrando a un sistema de e-government. ¿Eso qué significa? Que un Gobierno moderno debería utilizar las ventajas de las nuevas tecnologías para disminuir el espacio físico del sector público, es decir, menos Ministerios o Secretarías con rango de Ministerios.

Lo racional sería que el nuevo Gobierno empodere a los ciudadanos y, sobre todo, a los gobiernos seccionales en determinadas competencias. Eso es algo que ya está contemplado en nuestra Constitución, pero exige un modelo de administración pública descentralizada.

La mayoría de los Ministerios creados por el actual Gobierno no son necesarios en una administración descentralizada, porque muchas de sus competencias las han ido asumiendo los gobiernos seccionales en sus diferentes niveles.

Una Secretaría de Comunicación, por ejemplo, no es necesaria en una administración pública moderna a no ser como una oficina de apoyo y asesoría al Ejecutivo. Una Secretaría de Educación Superior no es necesaria a no ser como un Departamento de Educación Superior dentro del Ministerio de Educación ó apoyo al Consejo de Educación Superior. Un Ministerio de Cultura per se no es necesario a no ser como una Secretaría de Educación o Desarrollo.

El problema es que si bien este Gobierno entregó a los seccionales muchas competencias, también se quedó con la idea de que debe incidir en las decisiones de los ciudadanos y conducir su comportamiento para alcanzar el “buen vivir”. De ahí que haya necesitado un aparato público tan grande con una idea fija de la planificación en todos los niveles.

La planificación significa revisar objetivos, técnicas, procedimientos, métodos de evaluación e ir evaluando al mismo tiempo. Y el Gobierno no debería hacer eso, sino solo fijar los objetivos generales y los lineamientos estratégicos de desarrollo del país y dejar que las diferentes instancias, entre esas los gobiernos locales, vayan asumiendo sus responsabilidades para cumplir esos objetivos y evaluarlos.

La mayor responsabilidad de un Gobierno es garantizar el bienestar de los ciudadanos y de ninguna manera tomar decisiones por los ciudadanos o indicar a los ciudadanos qué deben hacer.

Lo que el nuevo Gobierno debe hacer primero es una reestructuración total de la administración para dar una imagen de que entrega más libertad a los ciudadanos para que tomen sus propias decisiones y al mismo tiempo empoderar a los gobiernos descentralizados en el ámbito de sus competencias.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la universalidad de la educación, pero no tiene que hacerlo a través del Gobierno central, para eso están los seccionales que pueden recibir los lineamientos estratégicos del MinEduc y delinear la ruta desde los distritos y los circuitos. Lo que el Gobierno debería hacer es construir el modelo de educación pero no necesariamente aplicarlo directamente.

En el Ministerio de Educación no se requieren tantos burócratas y tantas Subsecretarías sino únicamente una que sea la responsable de verificar la infraestructura escolar y otra para diseñar los lineamientos generales del currículum.
El Gobierno puede y necesita hacer esa reingeniería para disminuir la cantidad de burócratas. El hecho de que el país requiera X número de profesores no justifica un Ministerio de Educación tan grande, porque los profesores deberían regirse por las pautas dadas en cada uno de los distritos.

Lo racional, en este momento, sería pensar si se debe continuar o no con el modelo actual que demanda un aparato estatal tan grande. En este punto el nuevo Gobierno debería tener la libertad para decidir hasta qué punto se ata a la planificación entregada por los funcionarios de Senplades. De otra manera, la transición se limitaría a una continuidad. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud actual deja planificada la construcción de X cantidad de nuevos centros médicos, el nuevo ministro estará obligado a contratar otra X cantidad de médicos adicionales.

Los nuevos ministros al tener unas pautas, un cronograma, una planificación ya elaborada por el antiguo ministro o antiguo funcionario van a tener poca libertad para innovar y mejorar procesos o políticas públicas.

Un aparato estatal tan grande dificultará también tomar decisiones porque esas tendrán que pasar por algunas manos. Y mantener eso, en términos del Presupuesto del Estado, representará un gasto extremadamente grande e innecesario.

En mi opinión, el nuevo Gobierno debería disminuir el tamaño del Estado, además, porque para mantener un aparato tan grande siempre va a necesitar más ingresos, que pueden significar nuevos impuestos lo que resta capacidad a la economía para seguir creciendo y generando fuentes de trabajo permanentes.