Son 7.641 empresas disueltas en un año

miércoles, marzo 15, 2017

Que 7.641 empresas hayan entrado en un proceso de disolución dice mucho de la situación actual que vive el país, tanto en el sector privado como en el sector público.

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Según datos de la Superintendencia de Compañías el número de empresas disueltas en los dos últimos años ha ido en aumento. En 2015, fueron 1.341 las compañías disueltas, mientras que en 2016 esa cifra aumentó a 7.641. Seis veces más.

El período coincide con una caída permanente de los precios del petróleo, un aumento de las tasas del desempleo y del llamado empleo inadecuado -que no es otra cosa que el empleo informal- y la adopción de una serie de medidas para proteger la balanza de pagos, como las salvaguardias que gravaron con tasas de hasta el 45 por cientos centenas de bienes de consumo y  materias primas.

El ministro de Industrias, Santiago León, ha descartado que esos datos muestren el agravamiento de la crisis económica o el aumento del desempleo, porque, según sus palabras, una empresa disuelta no significa que haya quebrado o cerrado.

Si una empresa entra en un proceso de disolución es por algo. Es una empresa que necesariamente para. Es una empresa con problemas de liquidez que irremediablemente entra en un proceso de liquidación si no halla capitales para poner en marcha sus maquinarias.

Las cifras muestran una realidad que se ha pretendido ocultar en tiempos electorales. El gran empleador fue el Estado y mientras el Estado tenía recursos por los altos precios del petróleo podía inyectar liquidez en la economía. Eso hizo descuidar al sector privado, que ha debido arreglárselas solo y al que después se trató de involucrar en unas alianzas público-privadas cuyos resultados no se ven o han quedado en simples anuncios como la concesión de la carretera Guayaquil-Salinas.

Que 7.641 empresas hayan entrado en un proceso de disolución dice mucho de la situación actual que vive el país, tanto en el sector privado como en el sector público. Es un estancamiento de la economía o el fracaso de un modelo que puso como motor de la economía al Estado alimentado por unas rentas petroleras venidas a menos y por unos ingresos tributarios también venidos a menos, porque en una economía estancada el consumo se para y el contribuyente, lógicamente, paga menos impuestos.