El Ejecutivo envió un proyecto de Ley a la Asamblea Nacional en el que trata sobre la reestructuración de las deudas de la banca pública, banca cerrada y gestión del sistema financiero nacional y régimen de valores. Ahí se están mezclando dos temas que podrían ir por separado dado el enfoque que tiene cada uno; pero por una estrategia política, debido al escaso tiempo que le queda al gobierno en funciones propone en un solo cuerpo legal los dos temas.
En lo que tiene que ver con la reestructuración de deudas de la banca púbica, se busca que aquellas personas que afectadas aún por la crisis bancaria de 1999 suscriban convenios si no pudieron honrar sus obligaciones en todos estos años; y se acojan a una reestructuración sin necesidad de otros mecanismos que les exija el pago completo de la deuda.
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El objetivo es eliminar la deuda bajo los parámetros impuestos por el gobierno. Por ejemplo en el texto se establece que “accederán al recálculo los deudores vinculados cuyo capital inicial del total de sus operaciones acumuladas fuere de hasta USD 150.000 (…)”; pero hay que tener presente que existe una ley para la crisis bancaria de 1999, que estipulaba un beneficio de 12 años y uno de gracia.
Sin embargo, lo que se presenta ahora son condiciones para cerrar un tema que lleva sin resolverse por más de 16 años, por ello se espera que con esto se sienten bases para una recuperación financiera total de los deudores, quienes quizá no han podido acceder a un nuevo crédito productivo para desarrollar un nuevo negocio, dada esta limitación. Este proyecto de ley ayudaría a este grupo, pero aún se debe determinar la cantidad de deudores que se encuentran en esa situación para cerrar esta etapa de la crisis bancaria definitivamente.
El gobierno deberá determinar los mecanismos a través de un reglamento pertinente para saber si en realidad las personas beneficiadas no estuvieron en condición de pagar las deudas que tenían para ahora ser beneficiarios. En todo caso ya será una tarea, que por el corto tiempo que le queda al gobierno actual, le toque asumir al siguiente, que deberá reglamentarlo, y establecer cómo lo va a realizar, cómo va a hacer el seguimiento y la aprobación de que estos deudores son deudores de buena fe.
Es importante que con el reglamento pertinente quede claro el alcance de esta ley y si todo tiene que ver con los deudores, especialmente del Banco Nacional de Fomento (BNF), pues ahora este banco se llama BanEcuador, quien también recibió la cartera de deudores al momento de la transformación y al ser un banco nuevo requieren o esperan tener una cartera más depurada (más limpia) y enfocarse a los deudores que tengan poco tiempo o nuevos deudores que vaya a tener BanEcuador, donde no caben los deudores de más de 16 años, que son producto de una situación atípica que vivió la economía ecuatoriana.
No hay que dejar de lado el análisis de que este proyecto fue enviado durante la campaña electoral, en ese sentido, no es descabellado pensar que existe una finalidad política y los beneficiados podrían ser potenciales votos a favor del régimen.
El gobierno utiliza el proyecto económico urgente porque en 30 días debe ser tratado el documento, lo más adecuado sería que el próximo gobierno sea quien de trámite a este proyecto, pues las decisiones de este tipo no son positivas en un gobierno que está finalizando y la figura de carácter económico urgente se espera para aspectos mucho más trascendentales, no le quita el mérito a los deudores, pero es un número muy reducido. Una ley económico urgente tiene que contemplar temas de reactivación económica o cambios importantes y sustanciales en materia económica; compartamos o no el contenido de esa ley son temas que ameritan tener esa característica, pero el escaso que le queda al gobierno actual deriva en que se trate a la brevedad posible la misma.
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