“¿Cómo nos aseguramos los ecuatorianos que esos fondos van al terremoto y no al déficit fiscal?”, fue la pregunta que se hizo Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, sobre el paquete de medidas tributarias que están en la llamada ley solidaria, un proyecto económico urgente enviado a la Asamblea y que pretende recaudar $750 millones, solo por el incremento del IVA del 12% al 14% durante un año.
El ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, ha dicho que existen varios mecanismos de control para transparentar la administración del dinero y el uso de los recursos. “La Ley contempla que se garantice la transparencia sobre el uso de los procesos para que la gente pueda ver rápidamente, y de manera muy sencilla, cuánto ingresa por cada uno de los conceptos, cuanto se va erogando y para qué”, dijo.
Esto no convence al prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, aliado del Gobierno. Jairala propone crear un fideicomiso que administre dichos recursos. “Como una señal de confianza y de buena voluntad, creo que el Gobierno debe crear un fideicomiso donde los ciudadanos podamos ver que ese recurso se está destinando a la reconstrucción y atención a los miles de damnificados”, manifestó.
La diferencia entre el fideicomiso y la Cuenta Única del Estado, explica Carlos De La Torre, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE, es que el primero implica una administración de los recursos independiente y aislada de los canales y competencia que tiene el Estado, que son operadas con recursos de la Cuenta Única del Estado. (I)
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