Ya hemos pasado la época en que los cambios en materia de derechos se daban por voluntad del Poder Legislativo. Un poder que por definición política representaba mayorías, no minorías. Y evidentemente las minorías han encontrado en la sociedad civil, en espacios académicos y organizativos, su espacio de reivindicación y exigencia de nuevos derechos.
Estos sectores sociales son los que más cambios han posicionado en los últimos 50 años. Tal es así que en algunos casos, como el colombiano, pese a existir una decisión de la Corte Constitucional de hace varios años sobre derechos de los colectivos LGBTI, simplemente el Congreso no cumplió y eso obligo a que la Corte Constitucional tenga que emitir una sentencia un poco más fuerte en la cual ya establece la legitimidad del matrimonio civil igualitario.
Esto nos presenta dos escenarios para la reflexión. Por un lado: ¿qué es la sociedad? Si vamos a hablar de ella como regla de mayorías, jamás se aprobarían los derechos de minorías. Luego incide el argumento falaz de si la sociedad está o no preparada para tal o cual cambio. Es una falacia porque nunca la sociedad está preparada para cambios. La sociedad usualmente juega a la inmovilidad.
La sociedad ecuatoriana, como el resto de las latinoamericanas, más allá de que se haya vuelto más o menos tolerante, está aprendiendo a vivir en la diversidad, desde un entendimiento que trasciende lo étnico, y apuesta por lo cultural, por las cosmovisiones, por las estéticas. Entonces hemos aprendido que una sociedad diversa también puede ser viable.
Tras esto, la segunda reflexión es repensar el concepto de Estado. Primeramente, se nos ha hecho pensar que el Estado siempre estuvo allí y no es una invención de la modernidad que no tiene más de 300 años. Parte de una concepción contractualista, planteada inicialmente por Hobbes en su Leviatán y luego secundada por Locke en su Segundo Ensayo sobre Gobierno Civil, en donde resulta que todos somos adscriptores de un contrato social que nunca hemos firmado. Este es precisamente uno de los temas que debemos replantearnos. ¿Podemos seguir sosteniendo una concepción estatal que ha generado una serie de fronteras, guetos, guerras, muertes y que ha institucionalizado la discriminación y ha legitimado el monopolio de la violencia?
En este contexto de revisión crítica de la sociedad también tenemos que replantearnos el matrimonio, porque si de cada cinco parejas que se casan cuatro terminan divorciadas nos indica que algo está mal en la estructura. Entonces, por ejemplo, ¿puedo seguir aplicando una estructura religiosa en un Estado laico, con sociedades anómicas, como las definía Emile Durkheim en El suicidio? ¿Puedo seguir pensando en la familia como base de la sociedad, como hasta hace poco se nos planteó con el proyecto de Código de los Ciclos de Vida? Por tanto ¿puedo partir de esas visiones anacrónicas y negar, como en mi caso, la definición de familia, dado que soy hijo de madre soltera? Pues todo lo contrario y doy gracias a mi madre por ello. Así toda concepción tradicional de Estado, familia e incluso persona tienen que ser revisadas.
Creo que en Ecuador estamos en un momento histórico fundamental, pero lastimosamente no ha sido adecuadamente leído por algunos sectores de la sociedad y sobre todo por la gran mayoría de sectores políticos que claramente juegan a la inmovilidad. Y esto no es un problema de ideologías, porque hemos visto la incapacidad tanto de derechas y de izquierdas de adaptarse a estas nuevas estructuras socioculturales. ¿Por qué? Porque el miedo al cuerpo y la sexualidad cruza transversalmente la historia de la humanidad y esto explica en mucho la discriminación hacia las mujeres. Y este conflicto es concomitante con los conflictos de la democracia, porque no puedo desvincular los procesos sociales de los individuales.
El problema, en una democracia de baja intensidad como la ecuatoriana, es que toda la carga prejuicios individuales pudieran terminar convirtiéndose en política pública. Por ese es inverosímil entender que tengamos un Presidente que nos quiera imponer su ética individual. Y esto sí es una cosa de locos.
Por eso hay que seguir denunciando toda política o gesto del poder que resulte incomprensible desde la perspectiva de los derechos humanos. En el caso del matrimonio civil igualitario todavía tenemos pendiente el pronunciamiento de la Corte Constitucional que, hoy por hoy, se ha demorado ya bastante tiempo. Tal dilación en sí ya es una vulneración de derechos, pues se demora una decisión por consideraciones claramente políticas. Y, sin embargo, esto puede resolverse sencillamente con la aplicación de la Constitución del 2008, o la de 1998 e incluso la de 1979, porque se trata de la aplicación de un principio fundamental: la igualdad, la no discriminación. No se necesita ser un gran constitucionalista para entender esto…
Pero llegará el momento en que dicha Corte, sea con quien sea, tendrá que pronunciarse. Allí la disyuntiva será tomar una medida absolutamente retardataria, como ya lo ha demostrado la entidad con resoluciones regresivas. O avanzar hacia más derechos, poniéndonos más a tono con la realidad latinoamericana en materia de protección de derechos. Rezagados como siempre, pero más vale tarde que nunca.
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