La resolución fue compartida por el Comité Permanente por la Defensa de DD. HH. de Guayaquil. El Estado ecuatoriano debe cumplir las medidas hasta el 7 de enero.
Agentes fiscales confiscaron los celulares de militares. Gian Carlo Loffredo confirmó en entrevista radial que militares de la Base de Taura detuvieron a los menores.