Entre ellos 25 jueces, en ocho provincias, pero Guayas, Pichincha y Manabí tienen el mayor número de magistrados desvinculados lo que ocasiona que las causas penales se retrasen.
En el caso Purga se investiga el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico.