Estará integrado por representantes de siete instituciones nacionales, quienes deberán generar acciones para identificar los riesgos potenciales que pueda enfrentar el sistema ecuatoriano para mitigarlos.
La nueva entidad reemplazará a la Secretaría de Política Pública Anticorrupción. Lo hizo tras la suscripción del Decreto Ejecutivo número 249, de este martes 30 de abril de 2024.