El 29 de septiembre último, el Gobierno Nacional decretó el estado de excepción por la emergencia carcelaria tras la masacre que ha dejado hasta el momento 119 muertos
Los funcionarios deberán rendir cuentas sobre la seguridad ciudadana a escala nacional, así como del sistema nacional de rehabilitación y los amotinamientos ocurridos los últimos tres meses
El Servicio de Rehabilitación Social (Snai) prepara los expedientes de los internos que podrían cumplir criterios técnicos que les permitan acceder a este beneficio
El organismo instó al Estado a “investigar de oficio y con debida diligencia los hechos” e “implementar acciones para evitar la repetición, como aumentar la seguridad y vigilancia en las penitenciarías''