Un Estado para el futuro

miércoles, mayo 21, 2025

¿Qué tipo de Estado necesita el Ecuador del futuro? En este artículo, Pablo De la Torre propone una transformación profunda del modelo de gestión pública, orientado a la eficiencia, la sostenibilidad y la equidad. Plantea que llegó la hora de normar, regular, controlar y sancionar con visión técnica, garantizando bienes y servicios de calidad, preservando los recursos y proyectando al país hacia un horizonte de largo plazo.

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El modelo de gestión de un estado implica, entre otras cosas, la forma de gerenciar los recursos disponibles de una sociedad, para producir bienes y servicios (ByS) que demandan y demandarán los ciudadanos. Vamos a empezar por el último.

La demanda de bienes y servicios: Un porcentaje de la ciudadanía puede hacer saber, a través de sus compras, a una administración de gobierno (servicios públicos y bienes esenciales) y a las empresas productoras y comercializadoras (todos los otros bienes y servicios), las necesidades que deben ser satisfechas para temer cierto nivel de bienestar. 

Para este grupo de personas, el registro de sus consumos puede constituir, y de hecho constituye, una base estadística de la demanda de ByS y, por tanto, traducirse en información para que las empresas organicen la producción y la logística de distribución. El rol del estado podría ser más efectivo al normar la competencia leal mediante definición de los requisitos y características mínimas de los ByS. Al mismo tiempo, puede (el estado) establecer los niveles de valor agregado de esos ByS y los impuestos pertinentes (IVA). Así puede controlar el consumo de los mismos.

Como no todos los ciudadanos pueden acceder a la oferta de ByS de las empresas, no existen datos, ni información y, por tanto, el estado no dispone de la información de consumo real de este grupo. Es responsabilidad del estado implementar mecanismos seguros (banco de alimentos) para que las empresas produzcan y distribuyan ByS acordes a las necesidades a ser satisfechas para su nivel de bienestar. A la par, el estado debe crear otros mecanismos socialmente aceptables para la entrega de servicios públicos de calidad, así como de bienes indispensables. También, puede el estado establecer los ByS exentos de impuesto (IVA), beneficiando a los ciudadanos, en general, y a los vulnerables, en particular. Imponer impuestos especiales a los ByS que desea limitar el consumo, es otra opción (alcohol, azúcar, plástico de un solo uso, entro otros).

Producción de Bienes y Servicios: Las políticas públicas que implemente una administración de gobierno (AdG) para fomentar los nuevos modelos productivos, más eficientes y conservadores de recursos, deben ser discutidas. Incidirán positivamente en las decisiones de inversión de los empresarios nacionales y extranjeros. Mecanismos que favorezcan el uso de nuevas tecnologías más limpias, así como la reutilización y reciclaje para ahorrar recursos no renovables, ayudan a mejorar la oferta de ByS demandados por la sociedad (energía de la gestión de los residuos). No todas las empresas son iguales en su funcionamiento y matriz de producción, pero todas deben ser formales y respetuosas de la ley. Por eso, los mecanismos de la AdG para fomentar la producción y distribución deben estar condicionados a estas características empresariales.

El estado debe regular la competencia leal y eliminar cualquier barrera que impida el establecimiento de nuevas unidades de producción. El comportamiento oligopólico o monopólico y la informalidad, deben controlarse adecuadamente, con reglas claras de funcionamiento, entrega de información y sanciones.

La disponibilidad de recursos productivos: El papel crucial del estado es determinar la disponibilidad y uso de los recursos naturales para la producción. A saber: tierra y ambiente; capital y tecnología; y recurso humano y gerencial. El estado deber preservar la sustentabilidad mediante políticas y reglas claras para la explotación racional de esos recursos, de su conservación, control y remediación. La AdG debe establecer las políticas públicas para promover la explotación racional que promueva la conservación ambiental, el uso de tecnologías productivas responsables con la naturaleza y la remediación inmediata (petróleo, minería, fuentes de agua, especies endémicas, recursos marinos), que deben ser propositivas y congruentes. Por ello, el nuevo rol del estado es NORMAR (políticas públicas), REGULAR (cumplimiento y seguimiento), CONTROLAR (normas a seguir y controles efectivos), y SANCIONAR (eliminación de autorizaciones) las prácticas desleales o incumplimiento de las normas vigentes para la conservación, uso de recursos (no extractivista), remediación efectiva, producción a escala y distribución. Esto es indispensable para el futuro.

Modelo de Gestión Público: Las AdG pueden desagregar las funciones creando un ente técnico profesional no político, ni comprometido con la administración. Así, podrá ejercer la regulación, control y sanción a las desviaciones de la norma, dejando que la AdG concentre sus mejores esfuerzos técnicos, políticos y profesionales, en el modelo de gestión pública (definir, implementar y evaluar políticas públicas efectivas y eficaces) que faciliten el accionar de las empresas para atender las demandas de ByS. Al mismo tiempo, satisfacer eficientemente la demanda de servicios públicos de calidad.

La AdG podría intervenir en la actividad productiva, logística de ByS y prestación de servicios, solo cuando ante acciones del ente técnico se determine que existen fallas en las prácticas de provisión, producción y distribución de ByS. 

La planificación de corto, mediano y largo plazo debe ser independiente de la AdG, para asegurar la permanencia en el tiempo de las políticas públicas y evitar el mal uso de los recursos públicos. Fijarse una meta de 40 o 50 años, como lo hicieron Japón, Corea del Sur, China, Singapur, entre otros, aseguraría un equilibrio político y económico para el país del futuro.

Estamos en el momento oportuno para definir un nuevo modelo de gestión público.