Impacto del abuso del derecho

jueves, junio 13, 2024

La reducción del ICE durante el Gobierno anterior pretendía desmotivar el contrabando y precautelar la salud mediante productos regulados, logrando, además, reducir los precios en el mercado, impulsar la competitividad y reactivar la economía. Es recomendable que el presidente de la República utilice su facultad constitucional para regresar las tarifas del ICE a su valor anterior mediante decreto ejecutivo para todos los bienes afectados

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El reciente fallo de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Pichincha ha generado debate en Ecuador. La decisión de anular el Decreto Ejecutivo 645, que redujo las tarifas del Impuesto al Consumo Especial (ICE), ha dejado sin efecto una medida que aliviaba la carga fiscal sobre productos como armas de fuego, bebidas alcohólicas y azucaradas, fundas plásticas, cigarrillos y otros bienes. La reducción del ICE durante el Gobierno anterior pretendía desmotivar el contrabando y precautelar la salud mediante productos regulados, logrando, además, reducir los precios en el mercado, impulsar la competitividad y reactivar la economía.

Por ejemplo, con la implementación del decreto 645, no solamente se facilitó el servicio de seguridad porque se redujo el IVA a las armas del 300 % al 30 %, sino que se recaudó más.  Antes de la anulación se recaudaba USD 118 mil, y después de la reducción, ascendió a USD 548 mil.  La anulación perjudicará las cuentas fiscales y la seguridad ciudadana.

La Corte Constitucional, según el artículo 436 numeral 2, tiene la atribución de conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad de fondo y de forma. La sentencia de la Corte de Pichincha significa una vulneración a la seguridad jurídica y a la institucionalidad del Estado. Es recomendable que la Corte Constitucional revise y revoque la sentencia, y que el presidente de la República utilice su facultad constitucional para regresar las tarifas del ICE a su valor anterior mediante decreto ejecutivo para todos los bienes afectados, como lo hizo para las armas mediante el Decreto Ejecutivo 302 del 12 de junio del 2024. También se podría impugnar lo resuelto por los jueces provinciales mediante una acción extraordinaria de protección.

Este caso destaca la compleja interacción entre las decisiones judiciales y su impacto en la economía y la sociedad como consecuencia de que el sistema judicial tramita, en demasiadas ocasiones, acciones ilegales que los jueces deberían negar. Mientras se espera una resolución definitiva, el debate sobre el equilibrio adecuado entre un régimen basado en la recaudación tributaria y la estimulación a la economía continua.