Habilitan al gobierno de Biden a seguir exigiendo a las redes sociales que eliminen contenidos que desinformen

miércoles, junio 26, 2024

El fallo rechazó por 6 votos contra 3 la demanda liderada por los republicanos que buscaban limitar la influencia de la Casa Blanca y organismos federales sobre las publicaciones en las plataformas online

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La Corte Suprema de EEUU decidió este miércoles que la Casa Blanca y otras agencias federales podrán seguir pidiendo a las plataformas de redes sociales que eliminen cierto contenido que pueda llevar a la desinformación, una decisión clave para el país y el Gobierno de Joe Biden en este año electoral.

Por 6 votos contra 3, el Tribunal Supremo rechazó el esfuerzo liderado por los republicanos para limitar drásticamente esta capacidad y desestimó así la petición de los Gobiernos de Misuri y Luisiana, además de varios usuarios de redes, quienes presentaron una demanda acusando a la administración Biden de violar la Primera Enmienda (la de la libertad de expresión).

La relevancia del caso, cuya audiencia se celebró en marzo, era notable, pues podría haber servido para fijar las normas para la libertad de expresión en internet, dado que debía decidir hasta dónde puede llegar el Gobierno federal para combatir publicaciones polémicas en redes sociales sobre temas como la covid-19 y las elecciones.

Pero en lugar de profundizar en las importantes cuestiones de la Primera Enmienda planteadas por el caso, la jueza Amy Coney Barrett escribió para el tribunal que el estado y los usuarios de las redes sociales que desafiaron a la Administración Biden no tenían legitimación activa para demandar. Los jueces Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas disintieron.

La decisión no debería afectar a los usuarios habituales de las redes sociales ni a sus publicaciones. En Estados Unidos, no existen normas que regulen específicamente los límites de la libertad de expresión en las redes sociales. Ante la ausencia de esta legislación, el Tribunal Supremo está adquiriendo un papel cada vez más importante.

Este caso es uno de los varios que el Tribunal tiene ante sí esta legislatura y que afectan a las empresas de redes sociales en el contexto de la libertad de expresión. En febrero, el Tribunal escuchó los argumentos sobre las leyes aprobadas por los republicanos en Florida y Texas que prohíben a las grandes empresas de redes sociales retirar publicaciones por las opiniones que expresan. En marzo, el Tribunal estableció normas sobre cuándo los funcionarios públicos pueden bloquear a sus seguidores en las redes sociales.

Los casos sobre las leyes estatales y el que se decidió el miércoles son variaciones sobre el mismo tema, quejas de que las plataformas están censurando puntos de vista conservadores.

Los estados habían argumentado que el personal de comunicaciones de la Casa Blanca, el cirujano general, el FBI y la agencia de ciberseguridad de EE.UU. son algunos de los que aplican una “presión implacable” para coaccionar cambios en el contenido en línea de las plataformas de medios sociales.

Los jueces se mostraron en general escépticos ante estas afirmaciones durante los alegatos de marzo y a varios les preocupaba que las interacciones habituales entre los funcionarios públicos y las plataformas pudieran verse afectadas por una sentencia favorable a los Estados.

El gobierno de Biden subrayó esas preocupaciones cuando señaló que el gobierno perdería su capacidad de comunicarse con las empresas de medios sociales sobre publicaciones antisemitas y antimusulmanas, así como sobre cuestiones de seguridad nacional, salud pública e integridad electoral.

Sin embargo, en su decisión del miércoles, los jueces no se pronunciaron sobre el fondo de las reclamaciones de los estados ni sobre la respuesta de la Administración.

Los fundamentos del fallo

“Empezamos -y terminamos- con la legitimación”, escribió Barrett. “En esta fase, ni los demandantes individuales ni los estatales han demostrado su capacidad para solicitar una medida cautelar contra ningún demandado. Por lo tanto, carecemos de jurisdicción para entrar en el fondo del litigio”.

En disidencia, Alito escribió que los estados demostraron ampliamente su derecho a demandar. “Durante meses, funcionarios gubernamentales de alto rango ejercieron una presión implacable sobre Facebook para suprimir la libertad de expresión de los estadounidenses. Dado que el Tribunal se niega injustificadamente a abordar esta grave amenaza a la Primera Enmienda, disiento respetuosamente”, escribió para los tres jueces de la minoría.

El Tribunal Supremo había actuado anteriormente para mantener en suspenso las sentencias de los tribunales inferiores. Alito, Gorsuch y Thomas habrían permitido que entraran en vigor las restricciones a los contactos gubernamentales con las plataformas.

Los defensores de la libertad de expresión habían instado al tribunal a utilizar el caso para trazar una línea adecuada entre el uso aceptable por parte del gobierno del púlpito intimidatorio y las amenazas coercitivas a la libertad de expresión.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU., con sede en Nueva Orleans, había dictaminado anteriormente que el gobierno de Biden probablemente había ejercido presiones inconstitucionales sobre las plataformas de medios de comunicación. El panel de apelación dijo que los funcionarios no pueden intentar “coaccionar o alentar significativamente” cambios en los contenidos en línea. Anteriormente, el tribunal había restringido una orden más amplia de un juez federal, que quería incluir aún más funcionarios del gobierno y prohibir el mero fomento de cambios en los contenidos.

Esta decisión es la sexta de esta legislatura en la que el Tribunal anula sentencias del 5º Circuito, uno de los tribunales de apelación más conservadores del país. La semana pasada, el tribunal confirmó una restricción de armas destinada a proteger a las víctimas de la violencia doméstica, revocando así la decisión de un panel del 5º Circuito.

A principios de junio, el tribunal dictaminó por unanimidad que los médicos contrarios al aborto carecían de legitimación para impugnar las decisiones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de facilitar el acceso al fármaco abortivo mifepristona.

El caso es Murthy contra Missouri, 23-411.

 

(Con información de AP y EFE)