El abogado Néstor Toro-Hinostroza, de la Contraloría General del Estado, informó el 30 de mayo que el censo poblacional 2022 es fiscalizado por la entidad. Como parte de estas tareas se han levantado dos informes, uno que aún está en borrador, dos acciones en ejecución y hay tres planificadas.
“Tenemos un total de ocho acciones de control y un indicio de responsabilidad penal, que por su naturaleza es de carácter reservado”, reveló en una comparecencia en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.
“Los informes aprobados tienen relación con las fases sobre los contratos para publicidad del censo nacional; y, sobre los contratos de adquisición de bienes y servicios. En ejecución están las órdenes de trabajo sobre el reclutamiento, selección, contratación de personal, pago de remuneraciones y honorarios. Aquí existen hallazgos en construcción”, detalló un comunicado del Legislativo.
Denuncias de abusos laborales
Esta mesa legislativa, que tiene como presidenta a la legisladora del correísmo, Paola Cabezas, investiga las denuncias de “abusos laborales” de quienes trabajaron realizando el censo bajo la modalidad de contrato de servicios especializados.
Por eso fue citada la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien explicó que ese tipo de contrato no da los beneficios de ley, porque no generan relación de dependencia laboral.
Cabezas se disgustó por estas aclaraciones y su cuenta de X expresó su malestar.
“Tras la comparecencia de la Ministra de Trabajo ha quedado claro que la institución bajo su cargo no hará nada respecto a los abusos laborales que se cometieron en contra de sencillos censistas, quienes perdieron su tiempo denunciando ante esta cartera de estado las condiciones en las que trabajaron el censo 2022. Nosotros seguiremos fiscalizando”.
Texto original de Ecuavisa
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