La audiencia de formulación de cargos contra los 14 detenidos del Caso Plaga se desarrolla durante la madrugada de este jueves 4 de abril de 2024 en Quito. Ellos son investigados por presunta delincuencia organizada en el otorgamiento de acciones constitucionales –de forma ilegítima– a privados de la libertad (ppl).
La Fiscalía General solicitó prisión preventiva para 13 de los 14 procesados. Para María José L. C. pidió prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, debido a su estado de gestación. Los sospechosos se conectaron desde Guayas, Manabí, Chimborazo, El Oro, Azuay, Tungurahua, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.
La audiencia se suspendió a las 08:00. El juez convocó a las partes procesales a las 18:00 para informar su resolución sobre las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía.
El fiscal a cargo de las investigaciones, Miguel Flores, relató que la organización delictiva actuó desde 2022. Cuenta con 5 000 mensajes de texto de un celular y transferencias de altas sumas de dinero que confirman pagos por acciones constitucionales para obtener la libertad de presos. También se contó con un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
En ese contexto se comprobó que hubo conversaciones con integrantes de organizaciones delictivas, las cuales coinciden con transferencias de dinero que fueron registrados por la UAFE.
Al inicio de la diligencia, los abogados pidieron que se anule el caso. Uno de los argumentos que exhibieron fue que los investigados no fueron notificados con 72 horas de antelación. Tampoco les notificaron con el inicio de una investigación previa. Por eso, pidieron que se declaren nulas las detenciones.
Por ejemplo, el abogado de Marco C. alegó que la detención fue arbitraria. La razón: no hubo notificación con 72 horas de anticipación y no tuvo tiempo suficiente para revisar el expediente. Solicita se declare ilegal “la audiencia”.
El fiscal respondió que, durante los operativos, se entregaron las respectivas boletas de detención, que fueron firmadas por los procesados; y que se autorizaron allanamientos e incautaciones. Insistió en que sí se efectuó la notificación y se cumplió con el procedimiento.
Texto original de Ecuavisa
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