CCG en defensa de la Constitución

martes, abril 2, 2024

Los impuestos de esta nueva reforma tributaria tendrán consecuencias en la economía nacional, afectando la competitividad y el poder adquisitivo de los consumidores para solventar el gasto corriente de un Estado despilfarrador

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La demanda de inconstitucionalidad planteada por la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) ante la Corte Constitucional representa un esfuerzo para salvaguardar los derechos económicos fundamentales y la estructura legal que rigen las actividades económicas en Ecuador. La CCG sostiene que el aumento aprobado del IVA del 12%, con opción de ser modificado por el presidente de la República entre un rango del 13% al 15% afecta la seguridad jurídica precautelada por la Constitución.  Según la Cámara, la Asamblea Nacional sobrepasó sus facultades al modificar el proyecto original de Ley de Conflicto Armado, otorgando al presidente esta potestad de fluctuación e introduciendo nuevos impuestos sin la iniciativa del Ejecutivo y sin el dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual es un requisito esencial para asegurar la adherencia a los principios del régimen tributario.

La CCG también argumenta que la Contribución Temporal a Sociedades engendrada por la Asamblea en la reciente Ley contraviene el principio de irretroactividad. Ese impuesto, ilegalmente aprobado, grava con el 3.25 % a las utilidades del ejercicio del 2022 y establece una multa confiscatoria que se calcula por cada mes de mora, pudiendo triplicar la deuda, sin permitir facilidades de pago.  Invenciones como esta y la violación al proceso de formación de una ley, fomentan un clima de incertidumbre jurídica que repercute adversamente en la inversión y la planificación empresarial. En un entorno económico que exige certidumbre, estabilidad y predictibilidad, la acción de la CCG busca el respeto a la legislación tributaria y la Constitución.

Los impuestos de esta nueva reforma tributaria tendrán consecuencias en la economía nacional, afectando la competitividad y el poder adquisitivo de los consumidores para solventar el gasto corriente de un Estado despilfarrador. La Cámara busca a través de esta demanda evitar que este precedente ilegal se repita en el futuro, asegurando que cualquier cambio en la política fiscal se realice dentro del marco legal apropiado.