A lo que escribo estas líneas los bloques de ADN y aliados más PSC y RC se aprestan a conformar una mayoría para nombrar a las autoridades de la Asamblea, lo que implica ciertos lineamientos de acción conjunta. Ojalá incluya enderezar el rumbo, ya que hoy vamos camino al despeñadero.
El problema se gesta en el correato. Esa década fue como una familia que se saca la lotería, se da la gran vida por algunos años pero la plata finalmente se agota, quedan deudas, los acreedores terminan llevándose la casa y el carro, y la familia queda peor que antes de la lotería. Correa se gastó el dinero de antes (el que ahorraron Noboa, Gutiérrez y Palacio y los $ 9 mil millones que se tomó de los depósitos en el Banco Central), el de entonces (la espectacular renta petrolera de 2007 a 2014) y el futuro (los ingresos petroleros vía la venta anticipada y la inmensa deuda pública contratada). Todo ese dinero se malgastó y el país no tiene cómo pagar la deuda incurrida.
Para superar esta situación Lenín Moreno llegó a un acuerdo con los acreedores, quienes acordaron recortar la deuda y reprogramar su servicio para 2026 en adelante, para que haya un respiro mientras se cambia la legislación para atraer más inversión privada. Se preveía que para 2023 el Ecuador podría comenzar a atender el pago de la deuda sin mayor apoyo de las multilaterales porque la economía estaría creciendo fuertemente.
Lasso cumplió con la reducción de la deuda, comenzó la devolución al Banco Central de los fondos que se tomaron y promovió al país ante los inversionistas extranjeros. Pero no logró acuerdos en la Asamblea ni tampoco movilizar a la burocracia y nombró magistrados ultraecologistas a la Corte Constitucional. Las tres instituciones hicieron lo suyo para frenar la inversión. Bajo esas condiciones reducir la deuda ocasiona que la economía crezca muy poco. El país marcha hacia una nueva crisis como la de hace un cuarto de siglo.
Para cambiar el rumbo es necesario atender dos problemas:
– Frenar el crecimiento del gasto corriente. La normativa vigente obliga al incremento anual del presupuesto de salud y educación en $ 1.200 millones anuales. La Corte Constitucional ordenó a Lasso acatar un alza de sueldos del magisterio carente de financiamiento. Los contratos colectivos del sector público incluyen aumentos salariales automáticos. Los jueces laborales disponen la incorporación de empleados despedidos con pago retroactivo de sueldo más intereses y multas. El Gobierno no impidió que el rol de pagos presupuestario crezca $ 467 millones y 7,1 % en los primeros nueve meses. Esto tiene que parar.
– Hay que eliminar trabas a la inversión. La mayoría legislativa tiene que aprobar las leyes que permitan que fluya y el presidente Noboa y su equipo lograr que la burocracia ejecute sus órdenes. Tiene que lograrse que la mayoría de la Corte Constitucional que profesa el ecologismo extremo desista de obstaculizar toda inversión que requiere de consulta previa ambiental, en particular en petróleo y minería que generan renta para el fisco. El cierre del ITT no solo significa la pérdida de las ventas y renta previstas del único campo petrolero en vías de desarrollo, sino que el costo de la desinversión en infraestructura que debe hacerse en 2024 es de $ 2 mil millones. Esto es insostenible.
Texto original publicado en El Universo
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