Fiscalía acusa como coautores del delito de tráfico de influencias a vocales de la Judicatura

miércoles, septiembre 27, 2023

El juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, determinó la validez procesal de todo lo actuado, luego de rechazar cinco cargos de nulidad

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En el quinto intento y pese a una recusación en su contra, el juez de la Corte Nacional, Walter Macías, instaló, el 27 de septiembre de 2023, la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del denominado caso Vocales.

En este proceso por presunto tráfico de influencias son procesados Juan José Morillo y Ruth Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura (CJ); y Vladimir Jhayya, juez de la Corte Provincial de Pichincha.

Los tres funcionarios son señalados por, supuestamente, presionar a jueces de la Corte de Pichincha para que fallen a favor de Guadalupe Llori. La política amazónica interpuso una acción de protección con la que intentaba recuperar la Presidencia de la Asamblea, en agosto de 2022.

En la previa, hubo el riesgo de que esta audiencia no se instalara, ya que Barreno presentó una demanda de recusación en contra de Macías. Con este recurso, la funcionaria busca separar al juez de este caso, argumentando que estaba parcializado.

Según la norma procesal ecuatoriana, un juez que es recusado tiene la obligación de suspender la sustanciación del caso, apenas es notificado con la demanda.

Pero en este caso esto aún no ha ocurrido, ya que Felipe Córdoba, juez a cargo de la recusación, pidió a Barreno que complete la demanda en un plazo de cinco días.

La audiencia

Sin haber sido notificado con la recusación, Macías pudo instalar la audiencia.

Además, en esta diligencia, la Fiscalía presentará su acusación formal en contra de Morillo, Barreno y Jhayya, con base en los indicios que recabó durante la instrucción fiscal. Macías deberá decidir si acoge la acusación y envía a juicio a los procesados.

Si eso ocurre, según lo que ordena el Código Orgánico de la Función Judicial, los tres procesados quedarían inhabilitados temporalmente para ejercer un cargo judicial. Esa prohibición se levantaría únicamente si su inocencia se ratifica en el juicio. O quedaría en firme si reciben una sentencia.

Los argumentos de la nulidad

Antes de que la Fiscalía presente la acusación formal, el juez Walter Macías dijo paso al análisis de posibles problemas de validez procesal durante la investigación de la Fiscalía.

El primero en intervenir fue Julio César Vasco, abogado de Morillo. El defensor pidió la nulidad del caso desde el 16 de agosto de 2023, cuando la Fiscalía declaró la terminación anticipada de la instrucción fiscal.

Vasco aclaró que si bien las leyes permiten a la Fiscalía la terminación anticipada del periodo de investigación, la misma norma prohíbe hacerlo cuando están pendientes pericias o diligencias relacionas al proceso.

En este caso, según Vasco, estaban pendientes dos pedidos, que afectaron el derecho a la defensa de los procesados. Primero, no se realizó una pericia externa al teléfono en donde se grabó la reunión en la que los procesados supuestamente hablar de la presión a los jueces en el caso Llori.

Para Vasco esta pericia era importante, ya que se han identificado al menos seis copias de esa grabación. Por lo que hay el riesgo de que está haya sido editada con la finalidad de hacer daño.

Cristopher Gallegos, abogado de Barreno, pidió también la nulidad, con base en el mismo argumento de que la instrucción fiscal se cerró anticipadamente, pese a que había pedidos pendientes. Por ejemplo, el abogado mencionó que la ampliación de la versión de su defendida se tomó luego del cierre la instrucción fiscal. También denunció que no se atendió un pedido de versión de Carlos Pazos, juez de la Corte de Pichincha.

Además, Gallegos dijo que también se violó el procedimiento en la audiencia de recepción de testimonio anticipado de la testigo protegido que grabó la reunión entre los procesados. Ya que, no asistió ni Barreno ni su abogada designada en esa época. Y pese a que hubo un pedido de diferimiento, el juez Macías instaló la diligencia y obligó a la Defensoría Pública a representar a Barreno.

Por otro lado, Jesús López, abogado de Jhayya, no presentó ninguna objeción y pidió que se declare la validez procesal.

La Fiscalía respondió a estas objeciones y cerca de las 14:30, el juez Macías declaró la validez de todo lo actuado en el caso y dio paso a la exposición de la acusación.