La tarde de este viernes 7 de julio de 2023, el Presidente de la República, Guillermo Lasso, envió a la Corte Constitucional dos nuevos decretos ley de urgencia económica: Uno es el Decreto Ley de apoyo financiero a favor de Beneficiarios Coactivados de Créditos Educativos, Becas y Ayudas Económicas; y el Decreto Ley de Reestructuración Empresarial.
Sobre el Decreto Ley de Reestructuración Empresarial, el Gobierno señala en un comunicado que esta iniciativa determina los mecanismos normativos para que las empresas que afrontan dificultades financieras puedan alcanzar acuerdos con sus acreedores y reestructurar su organización para así mantener su operación y funcionamiento.
Asegura que a raíz de las afectaciones económicas y productivas que causó la pandemia en las industrias del país; sumado a los impactos que se prevén devendrán con la llegada del Fenómeno El Niño y otros factores, la propuesta enviada a la Corte «contribuirá a mantener una economía saludable, fomentar la inversión, proteger a los acreedores y preservar los empleos. En esencia, busca viabilizar la subsistencia de estas compañías promoviendo acuerdos preconcursales y procesos formales de reestructuración eficientes».
Además, pretende fortalecer al sector privado ecuatoriano, preparándolo de manera más efectiva para hacer frente a los desafíos económicos que podrían surgir como resultado de estas situaciones emergentes.
Todas las sociedades mercantiles sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, incluyendo, las sucursales de compañías extranjeras radicadas en el país pueden acogerse al procedimiento administrativo de reestructuración establecido en este Decreto-Ley.
Con relación a compañías cuyo negocio o giro operacional fuere inviable, buscando el aprovechamiento del patrimonio de la sociedad deudora y la protección del crédito, el decreto permitirá una disolución y liquidación pronta y ordenada.
Esta iniciativa fue anunciada días atrás ante estudiantes y padres de familia, apoyará de manera definitiva a aliviar la carga financiera de personas con procesos coactivos por temas educativos. Entre algunos de los beneficios que contempla el decreto están:
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