Policía allana el domicilio del juez que restituyó los derechos políticos de Glas

La Fiscalía ecuatoriana, con el apoyo de la Policía, allanó un inmueble del juez John Rodríguez, investigado por presunto prevaricato tras restituirle los derechos políticos al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, sentenciado por casos de corrupción.

“A pesar de los esfuerzos realizados desde la noche del viernes 9 de junio, hasta el momento, equipos especializados de la Policía de Ecuador –institución responsable de actuar en el tiempo de flagrancia– no han logrado ubicar al juez investigado”, indicó la Fiscalía General.

El pasado viernes, el juez otorgó una medida cautelar para que Glas, ex vicepresidente en el mandato presidencial de Rafael Correa y con dos condenas en firme por corrupción, pueda participar en las elecciones extraordinarias que se celebrarán el 20 de agosto.

Un día después, el movimiento correísta Revolución Ciudadana escogió a Glas como su candidato presidencial durante una convención en la provincia de Manabí, pero en el mismo evento el ex vicepresidente declinó su participación para no poner en riesgo la inscripción de la candidatura y propuso a Luisa González y Andrés Arauz, quienes finalmente fueron designados como candidatos.

Glas, de 53 años, se encuentra actualmente en libertad condicional tras haber salido de prisión el pasado 28 de noviembre y está a la espera de que la Justicia ecuatoriana unifique sus dos penas, de modo que sólo cumpla la más severa, lo que por el tiempo restante podría hacerlo fuera de prisión.

#URGENTE | #FiscalíaEc, con apoyo de unidades especiales de @PoliciaEcuador, lidera la ejecución de varios allanamientos, incluido el inmueble del juez John R. –en #Milagro–, quien restituyó los derechos políticos al sentenciado Jorge G. y es investigado por presunto prevaricato. pic.twitter.com/AWZVskWFID

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 11, 2023

El ex vicepresidente pasó cerca de cinco años encarcelado, desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2022, con un fugaz período de libertad de 40 días entre abril y mayo de 2022, mientras estuvo en vigor otra medida cautelar que causó gran polémica al ordenar su inmediata excarcelación.

Entre las sentencias que cumple Glas está una de ocho años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos, en el que también fue condenado Correa por la financiación irregular del partido que ocupaba entonces el Gobierno, y a seis años de prisión por asociación ilícita en un caso que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.

La semana pasada, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, solicitó que un tribunal fije fecha y hora para formular cargos contra Glas por presunta corrupción en una obra ejecutada en la provincia costera de Manabí, tras el potente terremoto de 2016 que tuvo como epicentro esa región.

Sin embargo, Glas siempre ha rechazado todas las acusaciones y se ha declarado “víctima de una persecución política” mediante la supuesta utilización del sistema de justicia (“lawfare”), al igual que Correa, que reside en Bélgica con la condición de refugiado.

Además de haber sido vicepresidente durante parte del decenio en el que gobernó Correa (2007-2017), Glas también lo fue durante unos pocos meses de su sucesor Lenín Moreno (2017-2021), hasta que aparecieron las primeras investigaciones por corrupción y fue encarcelado.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, dijo que si Glas presenta alguna candidatura se estudiaría su caso pues se requiere un informe técnico y jurídico que determine si incurre en las inhabilitaciones que determina el Código de la Democracia y la Constitución.

Atamaint confirmó que una vez notificados sobre la medida cautelar, el caso pasó al área jurídica para el análisis.

Las elecciones extraordinarias de Ecuador tendrán su primera vuelta el 20 de agosto y, en caso de ser necesario, el 15 de octubre se celebrará la segunda ronda entre los dos candidatos más votados a la Presidencia.

Las autoridades que salgan elegidas de estos comicios completarán el periodo 2021-2025, interrumpido por la llamada “muerte cruzada” decretada el pasado mayo por el actual presidente, Guillermo Lasso, que optó por disolver la Asamblea Nacional (Parlamento) y forzar esta cita electoral cuando el Legislativo se disponía a debatir y votar su destitución.