La petrolera estatal Petroecuador estimó ayer jueves en 16.470 millones de dólares las pérdidas para el país que causaría el cese de la explotación del Bloque 43, dentro del Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Orellana, una de las joyas mundiales de la biodiversidad, conforme propone una consulta popular que se celebrará en agosto, junto a las elecciones anticipadas en Ecuador.
Durante la presentación del balance anual de gestión de esta empresa pública, el gerente general de Petroecuador, Ramón Correa, explicó que las pérdidas están calculadas con base en el valor del petróleo que se quedaría en el subsuelo, así como el valor de las inversiones realizadas, el costo del cierre de las instalaciones y la pérdida de empleo.
Correa detalló que el campo ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) del Bloque 43, que actualmente produce unos 55.000 barriles de crudo diarios y que se vería afectado si triunfa la consulta popular, cuenta con unas reservas y recursos estimados de 282 millones de barriles de petróleo que reportarían al Estado 13.800 millones de dólares en los próximos 20 años.
A ello sumó los casi 1.900 millones de dólares invertidos por Petroecuador en el desarrollo de las instalaciones y pozos y los cerca de 500 millones que costaría el cierre del campo, ya que implicaría el sellado de los pozos, el desmantelamiento de las instalaciones y el desarmado de tuberías.
También consideró los 251 millones de dólares que implicaría la pérdida de empleo causada por el cese de operaciones y la resolución de contratos con empresas nacionales e internacionales que prestan servicios en la operación a la compañía pública.
Correa aseguró que la explotación petrolera en el Bloque 43 “es muy limpia” y “muy cuidadosa”, donde prácticamente dos terceras partes de los 15,31 dólares que cuesta en promedio la producción de cada barril en ese campo están destinadas al cuidado del medio ambiente.
En ese sentido, destacó que la superficie de las instalaciones dentro del Parque Nacional Yasuní (225 pozos repartidos en 12 plataformas) abarca apenas 80 hectáreas, lo que supone menos del 0,01 % de las 818.501 hectáreas de la reserva natural, la más grande del Ecuador continental, situada en la Amazonía.
La consulta popular sobre el Bloque 43 fue impulsada hace diez años por el colectivo ambientalista Yasunidos, pero no fue hasta este mes de mayo cuando la Corte Constitucional aprobó la pregunta planteada por ellos, luego de un largo proceso legal y administrativo.
“¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”, reza la pregunta sobre el campo que aporta el 11,45 % de la producción petrolera de Ecuador, estimada en unos 480.000 barriles de crudo cada día.
La incorporación del Bloque 43 a la producción petrolera nacional empezó en septiembre de 2016, durante el mandato de Rafael Correa, quien había promovido la tesis de no explotarlo a cambio de cooperación internacional que el país no recibió.
La Corte Constitucional también exigió que en la papeleta se coloque un texto que explique que, en caso de ganar el “Sí”, “se procederá a hacer un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en el término no mayor a un año”.
Además, dejó claro que, si Yasunidos triunfa, el Estado no podrá ejercer acciones que tiendan a “iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del Bloque 43”.
El Parque Nacional Yasuní es el área natural protegida más grande del territorio continental de Ecuador y en su interior alberga a más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 de mamíferos, 610 de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 de peces.
Además, en zonas consideradas intangibles de ese parque habitan pueblos indígenas de la etnia waorani, que incluye grupos como los tagaeri y taromenane que viven en aislamiento voluntario, sin contacto con la sociedad existente fuera de su territorio.
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