La expresión de economía informal se relaciona con aquellas actividades informales en las cuales los trabajadores, según la Organización Mundial del Trabajo no están reconocidos, registrados, regulados, ni amparados por la legislación laboral ni la protección social.
La investigadora Diana Bravo, especialista en Economía de Recursos Naturales, define a la economía informal como toda actividad económica que no está normada por el Gobierno y que, por tanto, no está sujeta a impuestos y regulaciones. A menudo, la economía informal se asocia con actividades de baja remuneración y con un mayor riesgo de explotación laboral.
Así también, Bravo argumenta que entre las actividades informales se incluye a las agrícolas que no están registradas ni poseen protección social. Asimismo, está la venta ambulante, que se trata de la venta de bienes y servicios en la calle, sin una ubicación fija o un establecimiento formal. Está considerado en este grupo el trabajo en casa, es decir actividades que se realizan en el hogar o el trabajo doméstico no remunerado, la producción de bienes artesanales, la costura y la confección, entre otros.
Causas de la economía informal
Entre las causas de base de la economía informal se considera el contexto económico, los marcos jurídicos y las políticas laborales que, al no ser sólidas en su aplicación, se constituyen en recursos ineficientes que en niveles económicos bajos se reflejan en el deficiente nivel de educación de la población, la discriminación y la pobreza.
En Ecuador, hasta el cierre del año 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indica que solamente el 32% de la población ecuatoriana posee un empleo adecuado, bajo condiciones laborables no precarias. En cambio, los trabajadores informales, que en cifras constituyen el 61% de la población ecuatoriana, laboran en condiciones no apropiadas, con salarios menores al sueldo básico unificado de $450 dólares (vigente desde el 1 de enero de 2023).
Ante este escenario, Diana Bravo sugiere que la situación laboral mejoraría en Ecuador a través de la creación de empleos formales con acceso a protección social, seguridad laboral, remuneración justa y otros derechos laborales que garantizan el trabajo digno. El fenómeno del trabajo informal para las naciones representa una situación difícil porque se quebranta el derecho de los trabajadores a tener un trabajo decente y una remuneración que les permita mejorar sus condiciones de vida y, sobre todo, acceder a los derechos fundamentales como educación, alimentación y salud.
El diseño e implementación de políticas públicas ampliaría la formalización del empleo y, por ende, la reducción de la precarización laboral y la falta de acceso a protección social. Por eso es importante promover la educación y capacitación laboral para mejorar las habilidades y competencias de los trabajadores y aumentar las oportunidades para el acceso a empleos formales y de calidad, agrega Bravo. La revisión y creación de políticas públicas que fomenten el emprendimiento, la formalización de negocios y la reducción, sobre todo, de la brecha de género.
Trabajo informal vs. huella ecológica
Al tema del trabajo informal se suma la afectación que estas actividades provocan en la huella ecológica, que no es otra cosa que nuestros actos, decisiones y comportamientos que definen el impacto en el medio ambiente. Por eso, cada país tiene la responsabilidad de monitorear este indicador de sostenibilidad que se define a través del modo de vida. En el caso de Ecuador, esta huella ecológica la monitorea el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
La economía informal puede tener un impacto positivo o negativo. Desde el lado positivo puede fomentar prácticas sostenibles, afirma Bravo: “por ejemplo, los vendedores ambulantes que comercializan productos locales y orgánicos pueden ayudar a reducir la huella de carbono al reducir la necesidad de transportar alimentos en largas distancias. Además, los trabajadores de la economía informal a menudo tienen un menor impacto ambiental en términos de transporte, energía y uso de recursos naturales en comparación con las grandes empresas. También ante la necesidad de empleo, puede significar una fuente de ingresos que permita satisfacer las necesidades básicas”.
Por otro lado, “la economía informal tiene un impacto negativo en la sociedad al fomentar prácticas insostenibles. Por ejemplo, los trabajadores de la economía informal a menudo no tienen acceso a tecnologías o prácticas que promuevan la eficiencia energética o la gestión adecuada de residuos. Además, las empresas informales pueden utilizar prácticas poco sostenibles para mantener sus costos bajos, como la eliminación inadecuada de residuos, el uso de materiales de baja calidad y la falta de consideración por el impacto ambiental”.
Por esto, para disminuir la economía informal y su impacto en la huella ecológica, se apuntan dos objetivos importantes: la promoción de la economía circular y la innovación tecnológica.
“La economía circular porque es un modelo económico en el que se maximiza la reutilización, reparación y reciclaje de los productos y materiales. Esto no solo reduce la huella ecológica, sino que también genera nuevas oportunidades de negocio y empleo en sectores como reparación y reciclaje. Adicional a esto, la regulación y formalización permite establecer mecanismos de control para reducir la huella ecológica y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, fomentar el consumo responsable y la educación ambiental. Eso, además de impulsar actividades y acciones que promueven la adquisición de productos y servicios sostenibles, lo que implica reducir el consumo excesivo y evitar el despilfarro de recursos, e incentivar la innovación y desarrollo de tecnologías más eficientes y sostenibles para la producción”, agrega.
Dentro de los límites de los recursos naturales del planeta
Ecuador es uno de los ocho países a escala mundial (Argelia, Colombia, Georgia, Jamaica, Jordania, Sri Lanka y Cuba), y el único de América Latina que ha demostrado que se puede alcanzar desarrollo humano viviendo dentro de los límites de los recursos naturales del planeta. Estos resultados se obtuvieron a través de la relación de tres variables: índice de Desarrollo Humano (IDH) calculado por Naciones Unidas, Huella Ecológica y la Biocapacidad calculadas por Global Footprint Network. Para el caso de Ecuador, sec tienen un IDH de 0,71, una Huella Ecológica de 1,73 hag* y la Biocapacidad mundial por persona de 1,72 hag. Resultado de esta interrelación, Ecuador apunta a alcanzar la meta del desarrollo sustentable. La medición de la Huella Ecológica se realiza en hectáreas globales (hag), que representan la capacidad promedio del mundo para producir recursos y absorber desechos.
Redacción
Kruzkaya Ordóñez González, Ph.D.
Ph.D en Comunicación e Información Contemporánea. Máster en Comunicación e Industrias Creativas por la Universidad de Santiago de Compostela. Licenciada en Comunicación por la UTPL. Docente Titular anexa al Departamento de Ciencias de la Comunicación Universidad Técnica Particular de Loja, Grupo de investigación de Comunicación audiovisual GICA. Líneas de investigación comunicación audiovisual, comunicación digital, periodismo de investigación. Profesora de pregrado y postgrado. Coordinadora de Titulación de la Carrera de Comunicación de la UTPL. Miembro de la Red de Narrativas Audiovisuales, Red Xescom, Red RICE, del Comité de Periodismo educativo del Ecuador.
Santiago Ochoa, Ph.D.
Máster en Economía Urbana y Regional, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). PhD por la Universidad Técnica de Munich Alemania Ganador del premio a la investigación en el III Encuntro de Ecuatorianos en Europa . Economista por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)-Ecuador. Docente Universitario en la UTPL por 17 años en las materias de, Teoría de Juegos, Estadística y Econometría.
Investigadora
Diana Bravo, Mgs.
PhD. candidata en Economía Agroalimentaria por la Universidad Politécnica de Valencia – España. Maestría en Economía con especialidad en “Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable” por la Universidad Nacional Autónoma de México, México. D.F. Economista por la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Docente Investigador en la UTPL de las materias de Economía Ambiental y Política Ambiental. Experiencia de 10 años de trabajo en el Departamento de Economía y en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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