La Justicia ecuatoriana revocó la licencia ambiental de Enami-Codelco, lo que fue calificado como una “victoria judicial de la resistencia antiminera” en la zona de Intag, en la provincia de Imbabura.
En una rueda de prensa, activistas ambientales y habitantes que han mantenido tres décadas de resistencia en contra de actividades mineras en su territorio, informaron este miércoles que el pasado 29 de marzo, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura sentenció a favor de las comunidades y del bosque de Intag.
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— Acción Ecológica (@AcEcologica) April 5, 2023
Los demandantes acudieron a la justicia constitucional para proteger los derechos de la naturaleza y de consulta ambiental.
El tribunal declaró la existencia de violaciones constitucionales al momento de otorgar la licencia ambiental de la concesión minera Llurimagua, operada por la empresa chilena Codelco.
La sentencia resuelve declarar “que existe vulneración de derechos de la naturaleza y consulta ambiental al haberse concedido la licencia ambiental del 16 de diciembre de 2014, sobre la base de un Estudio de Impacto Ambiental, “vulneratorio de los derechos a ser consultados en temas ambientales y a la protección de la naturaleza de las antedichas comunidades”.
Carlos Valera, abogado de derechos de la naturaleza, señaló que la acción se planteó contra el Estado ecuatoriano, no contra la empresa Codelco ni su filial en Ecuador.
“Se planteó contra el Estado ecuatoriano por conceder licencias ambientales y permisos para la fase de exploración avanzada sin las debidas precauciones”, subrayó a una consulta de EFE.
En ese sentido, explicó, la sentencia determina que “se detenga toda actividad minera en la zona hasta que se cumplan con los estándares definidos por la Corte Constitucional y ratificados en la sentencia”.
“En esa medida, entenderíamos que la empresas que se beneficiaron de esas licencias y la concesión, tendrán que detener inmediatamente todas sus actividades en la zona, porque no tendrían ya una base jurídica para operar”, anotó.
Gustavo Redin, abogado de derechos de la Naturaleza, presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), formuló un llamamiento al Estado para que dé seguridad a la comunidad de la zona, “ya que se está intentando romper el tejido social”.
“Nuevamente se está dando amenazas a los defensores por esta sentencia”, comentó al subrayar que la demanda se dio para proteger los derechos de todos: habitantes de la zona, defensores de la naturaleza y trabajadores de las empresas mineras.
En la rueda de prensa, Cenaida Guachagmira, defensora de la naturaleza, se preguntó si el pueblo chileno estará de acuerdo con lo que está sucediendo en Ecuador y si saben “lo que está ocasionando la empresa estatal en varios sitios de Latinoamérica”.
“Si bien es cierto que Codelco es una empresa chilena, que se caracteriza por ser una de las mejores en el mundo en la obtención de cobre, también hay que decir que esto no se está haciendo totalmente en su país, sino (que) se está dañando a poblaciones de otros países de Latinoamérica”, anotó.
Invitó a pensar si es justificable cambiar la ambición del ser humano por la vida de quienes viven en Intag y otros territorios.
La zona contiene una alta biodiversidad, “con presencia de muchas especies amenazadas”, comentó la bióloga Andrea Terán al recordar que allí se redescubrió una especie que se creía extinta: la rana arlequín hocicuda (Atelopus longirostris).
Ese suceso llamó la atención de la comunidad científica que se volcó al lugar para estudiar las especies y determinaron que hay una “diversidad altísima”, pero la mayor parte de ella está amenazada.
En muestreos rápidos, se encontró que 22 de las 34 especies de anfibios “están amenazados de extinción”, dijo antes de agregar que en la zona hay especies de mamíferos y de orquídeas que están amenazadas
Terán reiteró que “los estudios de impacto ambiental que se presentaron para acceder a la zona para tener las licencia, no reportan muchas” de las especies. EFE
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