La inequidad en la distribución de la riqueza provoca pérdida del poder adquisitivo y deterioro del bienestar. Este panorama se ha visto influenciado por la inestabilidad de los gobernantes, la matriz productiva, políticas económicas que no han logrado equilibrar la distribución de la riqueza, lo que desencadena solo el beneficio de los estratos más ricos de la población, y sumado a esto el COVID-19 ha intensificado la inequidad social. Así, los grupos minoritarios son los más afectados, debido a que acumulan desventaja histórica y por la disminución de su participación en la sociedad se ven obligados a tener que hipotecar su futuro.
Esto se puede ver reflejado en gobiernos anteriores que han llevado a cabo políticas neoliberales que han otorgado a las elites una serie de beneficios como la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, que incorpora mecanismos que permiten la remisión de multas e intereses, dando facilidades de pago para que los deudores asuman sus obligaciones y abandonen la central de riesgo permitiéndoles adquirir nuevos créditos.
En la actualidad, Guillermo Lasso, presidente del Ecuador se ha comprometido a eliminar cinco impuestos, para generar incentivos al consumo y la Inversión Extranjera Directa (IED), como: Impuesto a la salida de divisas, Impuesto a consumos especiales, Impuesto al valor agregado. Impuestos a activos en el exterior, a la renta sobre herencias, legados y donaciones.
Pero al analizar esta política también traerá consigo ciertas complicaciones como la reducción del presupuesto del Estado. Es así que, el pasado 30 de julio el mandatario anunció la eliminación del Impuesto de Salidas de Divisas (ISD) para un segmento, aunque también debemos considerar que el ministro de Producción, Julio José Prado, agregó que no se puede quitar todo el ISD porque representa más de $1000 millones de dólares en sacrificio fiscal.
La reducción significativa de los impuestos provocaría la eliminación de contratos de trabajadores, la disminución de la Inversión Pública y la calidad del Gasto Social. Además, al darse un crecimiento de la IED, no supone necesariamente un aumento en la generación de empleo, puesto que los inversionistas envían a su propio talento humano a trabajar en los países destinados a la inversión.
Las reformas tributarias que podrían llevarse a cabo son establecer políticas de imposición a la renta con mínimos exentos para reducir los beneficios de los estratos más ricos, en donde los individuos cuya renta sea menor al salario básico no cancele impuestos en ciertos sectores estratégicos y la población que tenga renta superior al umbral lo hagan de tipo marginal, estableciendo que a medida que sus rentas crezcan los individuos deberán tributar una proporción cada vez mayor a las demás. Con esta forma de imposición a la renta se buscaría alcanzar la equidad categórica.
Además, para alcanzar la equidad social las políticas deberán estar dirigidas al sector centro norte del país y sobre todo a la Amazonía para así disminuir la desigualdad de los grupos sociales más vulnerables, implementando programas que mejoren el nivel de educación, salud y eliminar la violencia. Por último, es importante erradicar la precariedad en el sector laboral mediante la inversión en tecnología y capital humano para impulsar el cambio de matriz productiva, la implementación de créditos con mayor plazo y con menor taza de interés tanto en zonas rurales y urbanas.
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