Crisis carcelaria

sábado, julio 24, 2021

El nuevo Gobierno anunció una serie de medidas para retomar el control de los centros penitenciarios, que deben ser acompañadas con soluciones de fondo hacia los diversos problemas sociales como la pobreza, la falta de empleo, drogadicción…

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La violencia en los centros carcelarios de Ecuador no es nueva, en los últimos años se han registrado duros enfrentamientos entre bandas opuestas. En abril pasado, la riña entre dos grupos de PPL (Personas privadas de libertad) se extendió a cuatro centros de reclusión en las ciudades de Guayaquil, Cuenca y Latacunga.

Esos enfrentamientos dejaron 80 presos fallecidos y una veintena de heridos, lo que generó un duro debate sobre las supuestas debilidades de los organismos penitenciarios para controlar los centros de reclusión del país. Con el nuevo saldo de esta semana, de 22 muertos y alrededor de 57 heridos de los amotinamientos del miércoles y jueves, en los Centros de Privación de Libertad (CPL) Guayas N° 1 y Cotopaxi N° 1, respectivamente, la falta de un control adecuado salta a la vista.

Un sistema carcelario donde los reclusos tienen armamento, objetos ilícitos e incluso controlan distintas áreas de estos centros. Sin contar con que dentro del sistema carcelario hay PPL, a los que no les preocupa que les sigan sumando años de condena y facilitan el cometimiento de asesinatos, hasta actos abominables como la violación a una agente policial, en la cárcel de Cotopaxi.

De acuerdo con los datos del exdirector de la SNAI, expuestos hace unos días a la Asamblea Nacional, se cuenta con 1 600 agentes de seguridad cuidando un sistema en el que se requieren 4 000. Entonces, lo más probable es que mientras haya déficit de personal para cuidar y controlar los centros carcelarios, la lucha interna y los enfrentamientos continúen. A este problema se suman los niveles de hacinamiento que, si bien se han reducido con respecto a años anteriores, siguen dificultando la adecuada gestión de las cárceles ecuatorianas.
Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la capacidad carcelaria ecuatoriana es de 28.500 personas.
Pero en mayo de 2019, cuando el gobierno decretó el primer estado de excepción, el número de reos sumaba 41.836, un hacinamiento del 42%. La superpoblación de las cárceles es un fenómeno regional que resulta en problemas de derechos humanos e impide una rehabilitación integral de los reclusos.

El 26 de febrero pasado, la CIDH lamentó y condenó los sucesos en las cuatro cárceles del país e instó a implementar una política clara, para atender a los presos en cárceles, además de atribuir la situación de violencia, a que se dejó “a la deriva la implementación de políticas públicas correctas”.

El nuevo Gobierno anunció una serie de medidas para retomar el control de los centros penitenciarios, que deben ser acompañadas con soluciones de fondo hacia los diversos problemas sociales como la pobreza, la falta de empleo, la drogadicción…