Las estaciones de servicios en el país incrementaron los precios de los combustibles a partir del 12 de junio del 2021, luego de que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Renovables Naturales No Renovables les notificara sobre los nuevos valores que regirán un mes, hasta el 11 de julio.
Para entender qué es lo que sucede con el incremento de los combustibles es necesario entrar en contexto. El 19 de mayo de 2020 el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, emitió el Decreto Ejecutivo 1054 que reforma el Reglamento para la Regulación de los Precios de los Derivados de Hidrocarburos, Decreto Ejecutivo 338, por el que se liberalizan los precios de los combustibles, calculados mensualmente con los marcadores crudo Oriente y WTI (West Texas Intermediate).
La reforma aplica a gasolina súper, gasolina extra y extra con etanol; diésel 2 y diésel premium para el segmento automotriz; gasolina extra y extra con etanol para el segmento de otras pesquerías; y diésel 2 y diésel premium para el segmento camaronero, atunero y otras pesquerías.
Con esta regulación, el país empieza a considerar un nuevo sistema de precios en el mercado para los combustibles por intermedio del sistema de bandas, o control de precios, para reducir de manera gradual el subsidio a los hidrocarburos.
El objetivo de este sistema es minimizar el impacto en la economía ecuatoriana y regular los precios de manera progresiva para alinearlos con el mercado extranjero. Recordemos que los precios varían según la demanda, la oferta y la inflación.
Ahora bien, se considera que este sistema es de gran utilidad, porque el subsidio que actualmente está afrontando la economía ecuatoriana es muy costosa para el país. Esos recursos podrían destinarse a otras áreas de mayor prioridad, como programas sociales de salud y educación.
En Ecuador existe un grupo de bienes y servicios cuya producción y oferta se encuentra bajo esquemas que no resultan competitivos. Estos se originan cuando el gobierno decide cubrir parte de los costos de las empresas que producen algún bien o servicio considerado de primera necesidad para la población: Eso provoca que la determinación de sus precios no corresponda a los criterios establecidos en el mercado. Estas “ayudas económicas” reciben el nombre de subsidios.
Es necesario pensar y establecer una política de adaptación, es decir, una política que se ajuste a la realidad actual del país. No es sano, por ejemplo, tener precios de combustibles altos en una economía en contracción. Lo importante es minimizar el impacto al sector productivo, sobre todo el transporte, porque los costos inciden indirectamente en el precio que paga el consumidor.
Por lo pronto, todos los ecuatorianos tenemos amplias expectativas de una recuperación económica gradual. Esperamos que a finales del 2021 o a inicios de 2022, cuando gran parte de la población ecuatoriana haya sido inoculada contra el Covid-19, la economía nacional muestre signos de mejora. Sin duda será un paso vital para que el tejido social y económico se reactive y frente a ello, considerar que, tras un año de la emisión de este decreto, el sistema de bandas debería ser evaluado ¿Cuál ha sido el impacto ocasionado en la economía? ¿Cuáles han sido los sectores más afectados? ¿Qué mecanismos se deberían considerar en un futuro? Son interrogantes que aún no se han podido responder.
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