El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, todavía ejerce funciones, según el portal web de diario El Comercio. Eso pese a estar en la Cárcel 4, en el norte de Quito, tras haber sido detenido en delito flagrante en una agresión contra una mujer por la pandemia en pleno toque de queda decretado para evitar la propagación del Covid-19.
El defensor firma resoluciones como si nada hubiera pasado, como cuando los concejales de Quito llegaban a sus oficinas con grilletes a despachar. El viernes 18 de junio había ordenado la destitución de la vicedefensora Zaida Rovira, quien se encontraba subrogando la titularidad de esa institución.
Es lamentable la demora en las actuaciones de los organismos de control y fiscalización para actuar conforme a la ley. No es comprensible que alguien descubierto en un acto flagrante de violencia de género pretenda seguir en funciones desde una cárcel. Es simplemente incomprensible.
Es incomprensible que quién supuestamente defendía la paridad de género en los cargos de la función pública intente destituir a una mujer, solo porque no sigue sus directrices.
Carrión deberá ser juzgado y demostrar su inocencia para intentar volver a su cargo, algo insostenible según las imágenes públicas circuladas en redes sociales donde se demuestra su agresividad.
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