Venezuela, la guía del correísmo

El correísmo avaló con su presencia una violación más a los Derechos Humanos en Venezuela, al jugar a ser veedor electoral y asegurar que en Venezuela hay una democracia plena, con un sistema electoral que debería ser envidia para el mundo. La bofetada llega días después, nada más y nada menos que desde la Corte Penal Internacional: el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad, es la conclusión de un informe de la fiscal de ese organismo, Fatou Bensouda.

“Al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno -dice el informe- han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”.

El informe responsabiliza de esos crímenes a la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Fuerza de Acciones Especiales, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, de los colectivos a los que se acusa de haber torturado con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento.

No son solo torturas y violaciones, sino también una sistemática persecución política de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno. Lo que ya todo mundo sabía, solo que ahora respaldado en un informe de la Corte Penal Internacional.

Son 653 casos documentados de tortura, una cifra que se queda corta ante la magnitud de los hechos. El siguiente pasó será la recopilación de nueva evidencia para identificar a los sujetos que serían acusados formalmente por la Corte. Luego, tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares deben confirmar la identidad de los sospechosos y se aseguran de que entiendan los cargos contra ellos. En una audiencia posterior determinarán, después de escuchar a las partes, si hay evidencia suficiente para iniciar el juicio, donde podrán condenar o no a los acusados.

La sentencia máxima de la Corte Penal es de 30 años de prisión y en circunstancias excepcionales puede dictar hasta cadena perpetua.

Y ese es el gobierno que el correísmo tiene como norte en su plan de acción en Ecuador, un régimen que se encargó de llevar a la miseria a un país, mientras sus líderes se pasean por el mundo que les queda con todos los lujos posibles. Un régimen que ha llevado a uno de los éxodos nunca antes vistos en América Latina.