Educación superior en América Latina y el Caribe

jueves, diciembre 31, 2020

Desde la concepción de que la educación es un acto social, la ética de futuro surge como un tema fundamental en la educación superior, más aún en el siglo XXI, cuando la sobrevivencia de la especie humana y la sostenibilidad del planeta se ven amenazadas

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Durante el 2020 he participado en varios webinars organizados por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC). A continuación, comparto con DIALOGUEMOS la sistematización de algunos temas que se debaten en la región.

No hay duda sobre el aumento de la tasa de matriculación de estudiantes en instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe, que durante las dos últimas décadas ha pasado del 23% al 52%. Así lo señala el informe ‘Hacia el acceso universal a la educación superior: tendencias internacionales’, realizado por UNESCO-IESALC.
El acceso de las mujeres también ha crecido como resultado de las políticas adoptadas sobre igualdad de género. Pero los estratos sociales más altos han sido los beneficiarios en mayor medida, con una tasa de crecimiento del 77 %; mientras en los segmentos de población más pobre, solo se alcanzó el 5 %, agravándose la situación por la pandemia.

¿Cómo lograr que todas las personas tengan iguales oportunidades para acceder a la educación superior? Una primera respuesta es la revisión de iniciativas y políticas públicas que promuevan y democraticen el acceso: “hay que salir a buscar a los estudiantes en las calles”. Hacerlo implicaría el compromiso social de directivos, profesores y líderes universitarios para encontrar a quienes deberían estar matriculados y no lo están. Varios rectores de universidades latinoamericanas y caribeñas han aportado datos sobre las iniciativas que llevan a cabo.

En Brasil, el 11,6 % de las matrículas se concentra en instituciones públicas de educación superior y el otro 88,4 % en privadas. Al 2018, el porcentaje de estudiantes que accedió a la universidad fue del 23 %, gracias a la adopción del Plan de Reestructuración y Ampliación de Universidades Federales (2007), la Ley de cuotas (2012) y la Ley para personas con discapacidad (2016). Para el 2030, el Plan Nacional de Educación prevé que el 33 % de jóvenes entre 18-24 años haya ingresado a la universidad. Dos grandes desafíos son: la permanencia del alumnado en el sistema y el manejo de los recortes presupuestarios.

En los procesos de admisión en universidades públicas, se da el fenómeno de la autoexclusión por la fuerte competencia. Buscando estrategias diferentes para el proceso de admisión, en la Unicamp se ha adoptado el Profis, programa que permite a los mejores alumnos de la escuela pública secundaria acceder a una formación interdisciplinar, directamente. El 90 % de estos son la primera generación que accede a la matriculación.

En el caso del Caribe, ha avanzado la democratización del ingreso de los estudiantes en situación de vulnerabilidad y de las mujeres; estas últimas representan hoy el 75 % de la matrícula. Debido a la desigualdad generada por las colonizaciones y culturas muy diferentes, la educación superior es “un derecho civil y se traduce en un instrumento de movilidad social”. Sin embargo, debido a la fragilidad económica de la región, la permanencia de los estudiantes en el sistema es incierta y el 50 % de los graduados migra a Estados Unidos y Canadá, por la falta de oportunidades laborales.
Uruguay considera la descentralización como una estrategia para el acceso a la educación superior. El 80 % del alumnado se matricula en la Universidad de la República, donde los mecanismos para su acceso son muy democráticos e incluyen ofertas, no solo en las grandes ciudades, sino en el interior del país. Entre 1988-2018, la matrícula se incrementó, de 61 mil alumnos a 140.000, y a futuro se espera 20 mil estudiantes nuevos por año.

Si bien se ha ratificado el crecimiento de la educación superior en los últimos 20 años, en todas las regiones del mundo persiste la inequidad en el acceso de los sectores más vulnerables. Este crecimiento ha sido posible por el aumento de las expectativas familiares y nacionales, la expansión de las economías y universidades, y políticas públicas de apoyo. Pero los países tienen muchos desafíos por delante para reducir la brecha de acceso, por lo cual deberán desarrollar estrategias con este objetivo en mente.

Se necesita contar con datos sobre la permanencia de los estudiantes con discapacidad, o en desventaja, en el sistema universitario. El aumento en el acceso a la educación superior deberá ser acompañado de un enfoque para la inclusión de grupos vulnerables. De otro modo, se apoyaría más a aquellos que ya tienen un estatus privilegiado de inicio.
Fuente: https://www.iesalc.unesco.org/2020/12/17/informe-de-unesco-iesalc-revela-que-el-acceso-universal-a-la-educacion-superior-paso-de-19-a-38-en-las-ultimas-dos-decadas/

Tomando como base la muestra de nueve países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Venezuela), datos de UNESCO-IESALC revelan que el 18 % de universidades públicas tiene a mujeres como rectoras. Resulta curioso que, aun siendo baja la cifra, esta es superior a la europea, donde la media de mujeres rectoras es del 12 %. En 22 de 46 países que conforman la Asociación Europea de Universidades, al 2019 no había registrada ninguna universidad con una mujer como rectora. A nivel mundial, 34 de las 200 mejores universidades (Times Higher Education, 2019) son dirigidas por mujeres, principalmente en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Australia, Canadá, Francia y España. En países como Suecia, Noruega y Finlandia el porcentaje de mujeres rectoras representa el tercio del total.

Si bien la proporción de la matrícula universitaria de mujeres (55 %) es superior a la de los hombres, tanto el número de docentes mujeres (46 %) como los cargos de responsabilidad administrativa, siguen ocupados, en su mayoría, por hombres; no se cuenta con datos sobre género en vicerrectorados, secretarías y decanatos. El hecho de no contar con esta información ni hacer un seguimiento sistemático sobre el tema, abona a la invisibilidad, tanto de los logros como de los problemas en torno a la paridad de género. Y aunque varios países han logrado avances importantes en la materia, es urgente definir una política pública a su favor, no solo en la dirección universitaria sino en todas las instituciones de los sectores público y privado.
Fuente: https://www.iesalc.unesco.org/2020/03/07/donde-estan-las-rectoras-universitarias-en-america-latina-datos-de-unesco-iesalc-develan-que-solo-el-18-de-las-universidades-de-la-region-tiene-a-mujeres-como-rectoras/

La masificación en el acceso a la educación superior, la concepción de la nueva gestión pública y la internacionalización para la movilidad docente y estudiantil, que demandaba la homologación de títulos universitarios, llevaron a establecer la necesidad de garantizar la calidad de los servicios que prestan los centros de educación superior. Así, desde fines de 1980, esta garantía pasó a ser un elemento importante en el establecimiento de políticas universitarias.

En el informe La garantía de calidad y los criterios de acreditación en la educación superior. Perspectivas internacionales, se presenta el trabajo desarrollado por diez agencias de garantía de calidad y sus distintas acepciones. Asimismo, el documento recoge los cuestionamientos sobre cómo incorporar los logros académicos de los estudiantes como factor fundamental en los resultados, las estrategias para promover la calidad en el respeto a la diversidad, y cómo deberían ser evaluadas tales agencias.

Un punto importante para asegurar la calidad universitaria es, por un lado, que el Estado la asuma como un mandato para proteger los derechos ciudadanos. Por otro, que la propia universidad cuente con un sistema de autorregulación para la gobernanza institucional. En países como Suecia no se utilizan procesos de evaluación, sino que la garantía de la calidad se enfoca en la tesis final de los estudiantes y en exámenes nacionales de grado, de forma de medir conocimientos y competencias al final de sus estudios. Tanto México como Colombia y Brasil han adoptado pruebas disciplinarias para evaluar a los graduados.

Argentina considera que las acreditaciones han generado mejoras continuas a los títulos acreditados: “las instituciones se vieron urgidas a revisar los currículos, actualizar las metodologías de enseñanza y aprendizaje, invertir en nuevos equipos y en la capacitación del personal”.Del análisis comparativo del estudio, se presentan algunas lecciones y recomendaciones:

• Desarrollar una cultura de calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje y crear condiciones para garantizar y mejorar los estándares académicos dentro de las IES, requiere de la participación de líderes institucionales y del personal académico.

• Para avalar la calidad de los procesos de acreditación, deben incluirse: el diseño y aprobación de nuevos módulos de los programas de estudio; los procedimientos para la revisión de cursos académicos; las prácticas que rigen las normas de calificación e identificación; los procedimientos que influyen en la evaluación de la enseñanza, y los que afectan las evaluaciones estudiantiles; al igual que otros componentes relevantes.

• Debe respaldarse oficialmente la participación de revisores pares expertos, capacitados en el uso de instrumentos efectivos y legítimos, y el uso de procedimientos y protocolos sistemáticos y estandarizados.
Un desafío a futuro tiene que ver con los procesos de aseguramiento de la calidad en la identidad cultural de cada institución, contextualizando su trabajo y reconociéndola en su diversidad.
Fuente: https://www.iesalc.unesco.org/2020/06/03/iesalc-lanza-estudio-sobre-calidad-y-acreditacion-en-la-educacion-superior/

Desde la concepción de que la educación es un acto social, la ética de futuro surge como un tema fundamental en la educación superior, más aún en el siglo XXI, cuando la sobrevivencia de la especie humana y la sostenibilidad del planeta se ven amenazadas. La pérdida universal de valores es cada vez mayor, y la Inteligencia Artificial (IA), definida como “la capacidad de un algoritmo para incorporar y utilizar nueva información a partir de árboles de decisión”, se va tomando todos los espacios.

La ética de futuro debe tener como objetivo la atención e inclusión de grupos tradicionalmente desfavorecidos y, como sustento, varios instrumentos, consensuados por la mayoría de los países, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros como la Encíclica Laudato Si.

El desarrollo de la IA conlleva el surgimiento de varios dilemas éticos, anticipados algunos por la literatura, por lo que es menester la integración de agentes morales artificiales, que permitan manejar mejor su complejidad. Recomendaciones para la definición de una ética de la inteligencia artificial, incluyen las siguientes:

• Algoritmos transparentes a la inspección. Es decir, que se pueda saber los modos como toman sus decisiones.

• Algoritmos que puedan resultar predecibles para quienes sufren las consecuencias, tanto como son predecibles los sistemas jurídicos.

• Algoritmos que deben ser robustos en contra de la manipulación.

• Debe existir un ser humano que sea responsable por las decisiones que tome la máquina.

• Construir una IA que opere de forma segura mientras actúa en varios dominios con muchas consecuencias.

• Responsabilidad, transparencia, susceptibilidad de ser auditado, incorruptibilidad, posibilidad de predicción.

Fuente: https://www.iesalc.unesco.org/2020/02/17/etica-y-valores-en-la-educacion-superior-del-siglo-xxi/