Como sociedad nos acostumbramos a: “Que roben, pero que hagan”

domingo, junio 21, 2020

Lo que ha pasado con los sobreprecios, no es una coima, esto es un atraco de dimensiones universales y muchas instancias, muchos actores del poder político que no dicen nada pero sí actúan, han permitido que esto pase, porque son profesionalmente permisivos para ubicar los casos, para preferirlos y para proteger a los autores

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En el Ecuador pasará un tiempo hasta investigar cuál fue la causa, para que de manera tan aglomerada se hayan presentado y producido una cantidad de actos de corrupción en plena pandemia.

Un factor que se debe mencionar es que los hechos no corresponden a un caso aislado, sino a ciertas áreas específicas como son los hospitales e insumos médicos. Que recuerde, nunca un acto de corrupción ha cubierto una extensa parte del territorio nacional, sea en insumos, en construcción o en todo lo relacionado con la medicina. Y, de manera sorprendente y para vergüenza nacional, en un momento en el que país está atravesando por una crisis sanitaria, cuando muchos compatriotas están sufriendo por todos los efectos ocasionados por la pandemia.

Lo más triste y vergonzoso fue aquella situación replicada por varios medios internacionales mostrando los cadáveres dispersos en Guayaquil, por el colapso del sistema sanitario; por eso, es imprescindible estar consciente de que todo eso fue producto de la corrupción, a la cual se suma la falta de previsión que, generalmente, no la tuvo ningún país del mundo.

Sin embargo, vale la pena reflexionar que cuando hemos vivido desgracias nacionales como el fenómeno de El Niño, que ha causado efectos terribles por dos ocasiones; cuando se acudió por el mismo número de veces a defender la frontera hasta alcanzar la paz de Brasilia, se respondió de manera adecuada. Las Fuerzas Armadas defendieron físicamente nuestro territorio y contaron con todo el apoyo de la población, aceptando con gusto que se nos descuente un día de sueldo, porque todo el mundo quería hacer algo, incluso ir a la frontera. Ese Ecuador, no tiene nada que ver con lo que se está ocurriendo ahora, un país en el que se hacen contubernios, contratos mal habidos entre públicos y privados, para estafar y revender un producto que iba a ser aplicado y distribuido entre los ecuatorianos en estado de necesidad y emergencia, no solo a las personas contagiadas, sino al personal, médico, militares, policías… que continúan arriesgando su vida al combatir desde primera línea esta pandemia.

Descubrir y evidenciar estos actos de corrupción, que no se habían presentado en ocasiones anteriores en esa magnitud, es terrible. Todo el país cuenta por primera vez y en muchísimo tiempo, con una parte del Estado en este caso la Fiscalía General, con la fiscal Diana Salazar a la cabeza, que ha logrado con valentía y a riesgo personal ir desglosando esta maleza tremendamente amplia y profusa.

Ella ha demostrado entereza, firmeza y sobre todo profesionalidad, cosa que en el Ecuador, no es común. Los fiscales de espanto que hemos tenido fueron terribles y  han sido los primeros cobertores de los corruptos y de los actos de corrupción; y  esto comenzó tiempo atrás, cuando el gobierno anterior, dispuso que los contratos públicos debían tener un visto bueno de la Contraloría y de la Procuraduría. No es que salvaban de la corrupción, pero era una medida de contención, al eliminarlo, el Biess es una de las empresas abiertas.

Ahora, la Fiscalía ha cumplido muy bien con su papel al investigar y desarrollar las medidas adecuadas, para poner a los presuntos culpables en manos de la justicia.  Sin embargo, el problema de la Función Judicial viene desde hace muchos años en el país y se agravó en la última década. Tenemos una pésima administración de justicia y son escasos los magistrados, que se salvan de no estar confabulados y a favor de los sectores más altos de la corrupción.

Hay una falla judicial que tendrá que corregirse, de alguna manera hemos avanzado, no debemos quejarnos del todo, tenemos un Tribunal Constitucional bueno, pero en el caso de la Función Judicial nos quedamos a medias, sobre todo por los administradores de la justicia anterior, con casos de corrupción alarmantes.

Las herramientas para sancionar los casos de corrupción están establecidas en el Código Integral Penal (COIP), y es cuestión de los jueces leerlos, conectarlos, interpretarlos y aplicar los principios generales del derecho. En este tema, además de los jueces y los abogados es importante que la otra parte de la sociedad, conformada por los ciudadanos vigile y controle a los funcionarios públicos.

La sociedad tiene distintas organizaciones para presionar, tiene incluso dinero para poner abogados que observen el proceso, que vigilen a los jueces y lo pueden hacer sin problema, porque no está en interfiriendo en los procesos, para que sepan que la sociedad está encima de ellos. Es necesario que la sociedad piense que todos o casi todos somos la Fiscalía General del Estado y esa es una actividad permanente, no sólo es una lucha de la fiscal Salazar, sino de todos.

Como sociedad nos hemos acostumbrado a “que roben pero que hagan”, es decir que si hacen y veo lo que están haciendo decimos pues bueno, que se lleven sus sobresueldo; pero de eso a lo que ha pasado con los sobreprecios, no es una coima, esto es un atraco de dimensiones universales y muchas instancias, muchos actores del poder político que no dicen nada pero sí actúan, han permitido que esto pase, porque son profesionalmente permisivos para ubicar los casos, para preferirlos y para proteger a los autores.

Es importante no caer en el juego, porque en campaña se van a llenar la boca diciendo: conmigo se acaba todo esto; pero es importante que el tema de la corrupción esté en el ojo de la sociedad desde el primer día del próximo gobierno. Contamos con personas y ciudadanos a los que debemos reconocerles la valentía personal para denunciar estos casos de corrupción, lo cual incluso es peligroso pors intereses qru afectan .

No son los grupos privados o los partidos políticos los que deben establecer y acordar modelos de seguimiento efectivo a los grandes casos de corrupción. La fiscalía, la Contraloría y los distintos órganos de control deben saber que desde el primer día del próximo gobierno- y en la conformación de los candidatos y a legisladores están siendo observados profesionalmente, no políticamente, en todos los actos. El objetivo es generar una verdadera ola social contra la corrupción.