Desde el 4 de mayo, el Ecuador pasó de una fase de aislamiento social al distanciamiento social. Todo el país arrancó con el semáforo en rojo por decisión de los alcaldes de cada cantón, porque ahora son quienes tienen la responsabilidad de determinar el cambio de un color a otro, por disposición del Ejecutivo.
Si esta medida fue correcta o no se va a evaluar en su ejecución. Sin embargo, es necesario que las autoridades cantonales tengan la información completa y fiable que les permita tomar decisiones asertivas, porque es evidente la contradicción de datos en diversos ítems, con respecto a la emergencia. Es más, varias autoridades entre ellas, la alcaldesa de Guayaquil señaló que espera tener sus propios datos, con el fin de revisar las estadísticas y analizar si es factible o no aplicar el cambio de color.
El Gobierno Nacional otorgó a los alcaldes de los 221 cantones, la autonomía para decidir el cambio en el semáforo; en la Constitución está establecido que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADs) sean los que a través de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) operen las competencias de Gestión del Riesgo como en este caso, pero el tema en cuestión es ¿por qué a veces se reconoce esa competencia y otras no? Efectivamente, en cuanto al manejo de las jurisdicciones cantonales es correcta la medida, porque no hay mejor conocedor de sus territorios que los alcaldes, pero en nuestro país, hay distintos tipos de municipios por su extensión y población, unos grandes como Quito y Guayaquil, otros medianos y pequeños.
En todo caso, es un reconocimiento al rol municipal, más en el Ecuador a los municipios que hoy les están dando esa competencia, no se los habían fortalecido en ese ámbito, por lo que es necesario que dispongan de información fiable y de los medios para responder adecuadamente, aunque también se deberá considerar que ya se dieron disposiciones en sus jurisdicciones que no fueron consultadas o coordinadas con los municipios en el tratamiento de la emergencia.
En esta situación ambigua, el resultado dependerá de la capacidad de respuesta de cada municipio, así mismo en los cantones hay diferentes tipos de liderazgos y de gobernabilidad, lo cual influye en la calidad de la respuesta que tendrán. Evidentemente, esta decisión que asigna la responsabilidad a los GADs sin el debido fortalecimiento previo y la disposición de presupuesto y de medios para responder implica un riesgo.
La responsabilidad que ahora asumen los alcaldes es total. Sin embargo, el presidente Lenin Moreno señaló que si la medida no funciona y hay un rebrote del virus se volvería al confinamiento e incluso con la posibilidad de aplicar medidas más restrictivas. Es decir si bien el cambio de color a rojo, amarillo y verde lo decidirán los alcaldes, la Constitución señala que la responsabilidad final es del Gobierno Nacional.
En ese lineamiento, los aspectos que se deben tomar en cuenta para el paso de un color del semáforo a otro son básicamente estadísticos, es decir toda la información que se pueda levantar y que sea proporcionada por el sistema de salud serán imprescindibles, para tomar esa decisión.
Por ejemplo, número de infectados, de decesos, de recuperados, de ingresos a los centros de salud. Esas estadísticas deben ser manejadas versus la capacidad instalada de la que dispone cada cantón, camas, respiradores artificiales, entre otros.
Podría presentarse el caso de que un cantón tenga una baja tasa de infección o decesos, pero si no dispone de ningún respirador artificial, la decisión que se debe tomar es que en esa zona no se infecte nadie, porque no hay manera de atender a los pacientes. Por eso es muy importante contar con la información y ese es el problema, que no la tienen y las que les proporciona el COE y el Ministerio de Salud son cuestionables. Estas entidades y el Registro Civil manejan cifras diferentes y un claro ejemplo son el número de decesos producto de la pandemia. En ese sentido, si en un cantón por ejemplo constan tres fallecidos cuando realmente hubo 10, el alcalde tendrá información más certera y podrá rectificar los datos, también es vital mantener activos los COE’s, que están integrados por técnicos y especialistas médicos sobre todo, epidemiólogos y salubristas que asesoren al momento de tomar las decisiones y analizar la capacidad de respuesta de cada territorio.
Se ha criticado mucho a los ciudadanos porque incumplen las disposiciones, pero no se les ha concientizado adecuadamente. No todo el mundo tiene acceso a la información de la misma forma y eso implica que no se emprendió, ni se hicieron verdaderas campañas en especial a nivel popular, sobre cómo comportarse en este tipo de emergencias.
Es decir la supervivencia va a depender de cada persona y en eso se debe concientizar. Es necesario decirle a la gente que si no se cuida se va a infectar.
Es diferenciado el comportamiento de las personas, una parte de la población tiene clara la información y se protege, pero en el sector popular los ciudadanos tienen ingresos diarios por lo que tienen que salir obligadamente de sus casas a procurarse el sustento y esto se toma como un mal comportamiento, cabe indicar que también en los barrios de las ciudades existen problemas como el de drogas o de violencia doméstica, agravando la situación.
Se concluye, que con este escenario, la medida tomada será de resultados diferentes dependiendo de las capacidades de cada cantón, y sobre todo del comportamiento ciudadano.
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