El amarillo modificado en Quito

miércoles, mayo 27, 2020

Una de las mejores decisiones que pudo haber adoptado el Gobierno es dar a los Municipios la corresponsabilidad para administrar la emergencia sanitaria en las ciudades, porque eso ha permitido mostrar cómo se mueven las fichas en un año electoral, quiénes trabajan para superar la crisis y quiénes lo hacen en función de las ambiciones personales de sus dirigentes

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La continuidad del teletrabajo para funcionarios públicos; las actividades productivas reactivadas con el 50% del personal presencial; la atención con el 30% de aforo en los locales comerciales; la reanudación paulatina y controlada del transporte público para evitar aglomeraciones; la devolución al Cabildo de la potestad de manejar y emitir los salvoconductos, además del control del cerco epidemiológico, y un toque de queda 18:00 a 05:00.

Esas son las condiciones puestas por el Municipio de Quito para pasar a la ciudad del semáforo con el color rojo (movilidad solo para actividades esenciales) al color amarillo (reanudación de las actividades productivas con limitaciones estrictas). La decisión fue aprobada en la sesión del Consejo Metropolitano de Quito, presidido por el alcalde Jorge Yunda.

La ciudad en principio entrará al cambio del semáforo, un sistema impuesto para mitigar la propagación del Covid-19 en medio de la emergencia sanitaria, sin transporte público. Eso significa el manejo del 100% del transporte institucional para los trabajadores, además de una tarifa reducida en el servicio de taxis. En el futuro se habla de una posibilidad de subsidiar al transporte urbano, para evitar el manejo físico de dinero por parte de los operadores y usuarios.

La ciudad cumple este 27 de mayo 71 días, casi dos meses y medio, de aislamiento obligatorio entre anuncios apocalítpticos sobre la llegada del día D, sin una coherencia sobre cómo actuar en el ala del correísmo al interior del Consejo Metropolitano. Un grupo que en las redes sociales llama a las protestas contra las medidas económicas adoptadas por el Gobierno para oxigenar la caja fiscal y, al mismo tiempo, pide mantener en confinamiento a la ciudad con la entrega de kits alimenticios, ayudas que deben estar a cargo del Gobierno central. Porque desde su visión la ayuda privada no debería existir. Y peor la contribución voluntaria de sus concejales para enfrentar la emergencia sanitaria. Algo que hasta la Asamblea Nacional ya aprobó en su presupuesto.

Una de las mejores decisiones que pudo haber adoptado el Gobierno es dar a los Municipios la corresponsabilidad para administrar la emergencia sanitaria en las ciudades, porque eso ha permitido mostrar cómo se mueven las fichas en un año electoral, quiénes trabajan para superar la crisis y quiénes lo hacen en función de las ambiciones personales de sus dirigentes.

Una ciudad reactivada puede, sin duda, planificar mejores planes de ayuda a los sectores más vulnerables: a los migrantes atrapados en las calles; a las personas que viven del día a día de sus ventas o a las que generaban la menos dos empleos directos y ahora ni siquiera se alcanzan para autoabastecerse; a ese sector informal que desde hace rato dejó de ver los colores de los semáforos…