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¿La Asamblea por el país?

Juan Tibanlombo
Dialoguemos EC
miércoles, abril 29, 2020
De la contribución solidaria solo exonera al sector de la salud, no a las otras instituciones del Estado que también están en la primera línea en la lucha por mitigar la expansión de coronavirus en Ecuador

Con ocho votos a favor y cinco en contra, pasó el informe para primer debate de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas en la Comisión de Régimen Económico. Los asambleístas destacaron que el ochenta por ciento de los artículos aprobados fueron modificados en su contenido. En lo fundamental, el informe lo que hace es bloquear el proyecto original y reducir la emergencia por la pandemia a un discurso lírico que vuelca todo el peso de una crisis en un Estado con una nómina salarial de $10.000 millones anuales.

Un ochenta por ciento del articulado fue modificado en su contenido y siete artículos, de los 49 establecidos en el proyecto original sobre los que no hubo consenso, pasarán al Pleno. Todos relacionados con la definición del sector público no financiero, el endeudamiento, la programación fiscal cuatrianual y la creación de las notas del tesoro, que reemplazarían a los certificados del tesoro.

La propuesta plantea elevar a ley el cumplimiento de reglas macrofiscales también para los gobiernos autónomos descentralizados sobre el evitar el excesivo endeudamiento y transparentar el discurso de: “¿Qué necesita el Estado?, ¿necesita gasolina?, ¿necesita autos?” Pero eso fue visto como una intromisión en la autonomía de los gobiernos descentralizados, reacios hasta hace unos días en asumir su corresponsabilidad sobre el color de los semáforos  que se encenderán desde el 4 de mayo.

La ficción de la abundancia, tanta que es posible justificar contratos publicitarios tipo IESS, en tiempos de coronavirus, con el argumento de que son para prevenir la pandemia de una agencia publicitaria como en las épocas de oro del correísmo que ya salió en defensa del pobre indefenso joven que buscaba contratos publicitarios onerosos en la Prefectura de Chimborazo.

La misma suerte corrió el proyecto de Ley de Asistencia Humanitaria. La reducción del salario a los servidores públicos con nombramiento en un diez por ciento fue rechazada, solo consta una disposición general de la contribución del Presidente de la República, Vicepresidente, Ministros y Viceministros de Estado con el cincuenta por ciento de su remuneración. Algo ya vigente desde comienzos de la pandemia. Lo que hacía falta, al parecer, fue aclarar que esa reducción salarial no se aplicará en todas las funciones del Estado, se supone que al menos no en la Legislativa.

Los asambleístas tienen igual y hasta mayor rango salarial en todo el sector público, en sus presupuestos.

De la contribución solidaria solo exonera al sector de la salud, no a las otras instituciones del Estado que también están en la primera línea en la lucha por mitigar la expansión de coronavirus en Ecuador. Entonces, la pregunta es: ¿la Asamblea por el país, como se promocionó en su hashtag, o por las próximas elecciones?. Porque en medio de tanta vorágine sigue intacto el fondo para la promoción electoral que movimientos y partidos estaban dispuestos a ceder, porque no veían tan de cerca la crisis. Ya dejaron de ser solidarios con fondos públicos y múltiples justificaciones.

Ahora dicen que es un fondo insignificante frente a los recursos necesarios para enfrentar la pandemia. Ergo, no se debe eliminar ningún fondo de promoción electoral porque, al parecer, en su lógica la política está por sobre la economía y la salud.

 

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