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Control preelectoral: La Ley existe, pero los mecanismos de aplicación son ineficientes

Julieta Herrería Barba
Universidad Casa Grande
sábado, marzo 7, 2020
Una de las pruebas más importantes para que existan garantías dentro de un proceso democrático es que se haga valer el principio de legalidad, por ende que todas las acciones estén respaldadas por una ley. Lamentablemente, en nuestro país tenemos la capacidad de huir a la aplicación de las leyes y creamos nuestros propios contextos electorales

Las redes sociales y las plataformas digitales se han convertido en el medio idóneo para iniciar una campaña electoral anticipada en el país, específicamente las que se avecinan serán las elecciones de presidente, vicepresidente y parlamentarios, en febrero de 2021.

Las reformas al Código de la Democracia realizadas hace una par de meses por la Asamblea Nacional, contienen una serie de artículos que pretenden regular y mejorar el proceso electoral. La ley establece una serie de parámetros a seguir, pero en la práctica no siempre se cumplen ¿Cuál es la diferencia entre promocionar las actividades y visitas sociales a los barrios que realiza un precandidato o un ciudadano común, para que sea considerada una precampaña electoral? Existe una fina línea que se puede cruzar.

Lo que está establecido en la Constitución puede ser muy claro y específico, pero otra cosa es si se aplica de manera efectiva. Muchas veces los derechos son vulnerados, no hay una congruencia entre lo que está escrito en el papel con la práctica política y eso es un problema.

Históricamente las sanciones que establece el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) han sido muy blandas. A lo largo de la historia ecuatoriana el proselitismo político se ha desarrollado de manera desmesurada y en la mayoría de las ocasiones los presupuestos electorales han sobrepasado lo establecido en la Ley.

No es que la Ley esté mal diseñada o no tenga la especificidad necesaria, lo que sucede es que las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) no se han preocupado por hacer cumplir lo estipulado en ella. Si las sanciones no se imponen, los políticos normalizarán la práctica del proselitismo desmesurado.

El organismo electoral no está realizando un buen trabajo por la politización de la institución. El juicio a Diana Atamaint, presidenta del CNE y las malas relaciones de algunos consejeros con la directiva, ha provocado que se deje de lado el control electoral, que es su principal atribución. Ojalá que cuando se diluyan estas discusiones de carácter político se priorice el control electoral, que debía empezar este mes.

Una de las pruebas más importantes para que existan garantías dentro de un proceso democrático es que se haga valer el principio de legalidad, por ende que todas las acciones estén respaldadas por una ley. Lamentablemente, en nuestro país tenemos la capacidad de huir a la aplicación de las leyes y creamos nuestros propios contextos electorales. Las garantías de un proceso electoral deben darse cuando se refuerce el sistema judicial, si las sanciones no se especifican o imponen a los candidatos cuando cometan una falta, nunca habrá una corrección política ni una transformación democrática, porque tienen la certeza de que sus faltas no serán corregidas y se las dejarán pasar. Con el fortalecimiento del sistema de justicia las sanciones llegarán a los candidatos que infrinjan la Ley.

Para que exista una democracia de calidad y las elecciones sean realmente transparentes se debería aplicar el principio de igualdad de condiciones. El Código de la Democracia podría ayudar mucho, porque una de sus reformas alcanza al Fondo de Promoción Electoral, que es el dinero que el Estado asigna a las agrupaciones políticas para que contraten publicidad en los medios de comunicación. La reforma dispone que si un aspirante no obtiene en una segunda elección al menos 4% de los votos válidos, deberá devolver al Estado el 50% de los montos asignados.

Es lógico que si un candidato no cuenta con la aprobación de un porcentaje de los votantes, el dinero deba ser devuelto a las arcas del Estado. Con esta medida el Gobierno intenta recuperar parte de la inversión que destina en época de campaña.

Las garantías democráticas se pueden encontrar en diferentes instancias, pero en este momento de precampaña, la línea es mucho más difícil de trazar, porque esas candidaturas no se han elevado al CNE aún. Entonces ¿cómo se impide a unos hacer campaña y a otros no, simplemente porque tienen una red social con más seguidores o porque ya está catalogado como político? Es muy temprano para tomar decisiones sobre quién debe ser sancionado o no.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 90% de los ecuatorianos tiene un Smartphone, por lo que podríamos entender que las realidades sociales y económicas del ciudadano ecuatoriano pueden verse a través de redes sociales y la tecnología en general. Los votos que se consigan a través de las plataformas digitales, va a depender del tipo de campaña que ejecuten. Además, son un medio de consulta importante para los ecuatorianos, no solo de los millenians, sino también de los votantes mayores.

Para los candidatos que participen en los próximos comicios, la redes sociales serán un aporte importante a su campaña. Sin embargo, seguimos siendo muy tradicionales en temas electorales y la radio influencia a muchos sectores de la población, en especial a las zonas rurales. La comunicación en radio o en TV no será desplazadas, pero las redes sociales y los medios digitales tendrán un componente muy importante. La prensa escrita si está siendo menos consultada sobre todo por los millenians, aunque sigue siendo una referencia para quienes busquen conocer la realidad electoral día a día.

Para los candidatos que participen en los próximos comicios, la redes sociales serán un aporte importante a su campaña.

Aunque el mapa electoral no está dibujado, hay políticos de antaño que empiezan a resurgir como Lucio Gutiérrez, quien manifestó su deseo de ser candidato a la presidencia, pero otros partidos aún no los definen. Lo que sí se ve es un escenario de inestabilidad política producto del declive económico por el que estamos atravesando. Es difícil analizar si un candidato vendrá a revolucionar el sistema de partidos como sucedió hace 10 años con Rafael Correa, o contaremos con uno que muestre una postura mucho más proba, más consensuada y con experiencia.

Después del correísmo el sistema de partidos políticos se debilitó. Alianza País fue en algún momento el partido más fuerte sin dar cabida a que otros participen en iguales condiciones. Aunque no se puede hablar de un conjunto heterogéneo sobre el sistema de partidos actual, pocos son los partidos que tienen estructuras consolidadas. El resto de candidatos apostará por alianzas o alternativas independientes, sin contar con el respaldo de un partido político tradicional, que a la final preocupa, porque se deja de lado la ideología de partido estructurado, en el que el elector pueda conocer principios y compromisos.

Antes de acudir a las urnas es necesario que la ciudadanía retroceda en el tiempo y analice qué es lo que vivimos los últimos 10 años con el correísmo; si este es el tipo de partido que nos representa, si se dieron cambios reales para la sociedad, si hemos progresado, si logramos alcanzar verdadera bonanza o no.

Es necesario hacer un mea culpa y determinar si las decisiones tomadas en el pasado fueron positivas para nuestra realidad actual. El país presenta una crisis económica profunda, nuestro petróleo está comprometido por 25 años con China, hay escuelas del milenio que no cuentan con infraestructura suficiente y los niños no siempre reciben el lunch escolar.

Las decisiones que tomen los ciudadanos en las próximas elecciones, serán cruciales para resolver los problemas políticos, sociales y económicos que enfrentamos.

 

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