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Inseguridad: menos discursos violentistas y más prudencia

Juan Pablo Albán
Universidad San Francisco de Quito
domingo, febrero 16, 2020
Es necesario definir cuáles son los usos justificados de la fuerza en las actividades de la Policía y contar con una propuesta técnica, regida bajo estándares internacionales sobre cómo en la práctica se empleará la fuerza, en situaciones de grave inseguridad ciudadana como la que vivimos en el país desde hace mucho tiempo, porque la delincuencia no es ninguna novedad

“¡Disparen señores, disparen! porque solo en medio segundo está la diferencia de que ustedes sean los héroes o no de la historia”, ese fue el pedido que hizo a la Policía en días pasados, la alcaldesa de Guayaquil Cinthya Viteri, al recordar el asesinato de Diana Carolina ocurrido en Ibarra, el 20 de enero de 2019.

En escenarios en los que la inseguridad en el Ecuador es un problema serio, resulta lógico y natural que la sociedad ecuatoriana se indigne ante estas situaciones, sin embargo, los funcionarios precisamente por la credibilidad pública que puedan tener ante los ojos de la ciudadanía deben actuar con mayor prudencia, no se puede promover desde su discurso, a pretexto de lucha antidelincuencial, la utilización de mecanismos que pudieran terminar vulnerando los derechos de personas inocentes.

Es necesaria una mayor prudencia por parte de los funcionarios públicos, incluidos los alcaldes, así como el uso de parámetros técnicos en los planteamientos que formulan. Las declaraciones que hizo en ese momento la alcaldesa Viteri dirigidas parcialmente a la ministra de Gobierno y a los agentes de la Fuerza pública son una invitación abierta a disparar. Habrá circunstancias en las que, efectivamente, la fuerza pública deberá hacerlo, pero en otras corresponderá utilizar otro mecanismo disuasivo que no sea la fuerza letal. Para ello, hay estándares en Derecho Internacional que establecen bajo qué pautas se puede acudir al uso de la fuerza y cómo se la debe utilizar en forma gradual. No está mal recordarles a los miembros de la Fuerza Pública que, en ciertas circunstancias se puede usar la fuerza, pero sí está mal invitarlos directamente a usarla sin considerar los supuestos que deben cumplirse previamente.

La política criminal, es decir, la postura estatal frente al fenómeno delictivo en general, históricamente en nuestro país ha sido fluctuante e inestable, este es el momento de adoptar una en forma más seria, más cuando la delincuencia violenta se ha incrementado notablemente. De acuerdo con cifras oficiales hubo un incremento en las muertes violentas en el país y 2019 cerró con un 18,77% más que 2018. Algo similar sucedió con los robos.

El Estado debería revisar su legislación penal y determinar si es que la severidad de las sanciones contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), frente a actos de delincuencia violenta son suficientes para obtener el efecto de prevención general que el propio COIP persigue. Prevención general, traducido a términos no jurídicos significa evitar la comisión de actos delictivos, a partir de la severidad de la amenaza de sanción penal y tal vez eso es algo que se deba revisar.

Más allá de un tema de política criminal del Estado, en el fondo hay una serie de problemas estructurales que han motivado estos incrementos delincuenciales. El primero es el aumento de la brecha económica entre distintas clases sociales. La gente es progresivamente más pobre y cuando eso ocurre se desespera, porque no tiene con qué alimentar a sus hijos o con qué cubrir sus necesidades básicas. Y en ciertas ocasiones terminará cometiendo acciones delictivas.

En el país hay un problema de falta de acceso a fuentes suficientes de trabajo, así como a una educación apropiada, en los niveles más básicos de escolaridad. Es evidente la limitación notable para acceder a la educación superior, una muestra de ello es toda la discusión sobre el examen ‘Ser Bachiller’ que hemos tenido en el último tiempo. Finalmente, quienes no logran educarse por las malas decisiones del país, seguramente terminan recurriendo a mecanismos de obtención de dinero fácil. Y lo más simple en ese sentido es incurrir en el acto delincuencial.

Mientras no se superen estos problemas estructurales en la sociedad es altamente improbable que podamos reducir los índices de delincuencia. A ello se suma un discurso xenófobo desde las alta esferas del poder, en el que se criminaliza por ejemplo, a una determinada nacionalidad porque es venezolana, cubana, colombiana y en la década de 1970 y 1980, por ser chilena.

Ese discurso xenófobo que no es nuevo en nuestra sociedad termina provocando un resentimiento en aquellos, que se ven obligados a movilizarse, a consecuencia de graves crisis humanitarias, como es el caso de los ciudadanos venezolanos. Y eso a su vez provoca que no tengan ningún reparo en incursionar en actividades ilícitas, porque saben que son despreciados a nivel social y si van a pedir trabajo no lo conseguirán. Por eso, el discurso de todas las autoridades públicas, en especial las del ejecutivo, debe ser prudente cuando los fenómenos delincuenciales van en aumento, porque obviamente la sociedad se indigna. Los ciudadanos razonables cuestionan la eficacia de los métodos empleados en el combate a la delincuencia y asumen que se debe utilizar la fuerza total. Pero hay parámetros en nuestro país que regulan esa actuación de la fuerza pública, no basta la patente de corso dada en un discurso proselitista por una autoridad que, seguramente, mira a algún otro cargo de elección popular.

Antes de autorizar un uso indiscriminado de la fuerza es necesario capacitar a nuestra fuerza pública en los estándares nacionales e internacionales aplicables en escenarios violentos de inseguridad ciudadana en particular las reglas de las Naciones Unidas en relación con la conducta de los funcionarios al hacer cumplir la ley. Es importante dar un vistazo a las normas sobre el uso de las armas de fuego que también ha dictado la ONU. El Estado ecuatoriano ya ha enfrentado sanciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el pasado, por extralimitarse en el uso de la fuerza. Uno de ellos fue el caso Zambrano Vélez y otros en 2007. No se puede impedir un hecho de gravedad ejecutando un hecho de mayor gravedad, es absurdo.

Usar la fuerza frente a la gravedad de la amenaza es un principio de precaución, es decir, la reducción a lo máximo posible de los daños. Hay que ver la gradualidad, usando primero una voz disuasiva, después mecanismos no letales, si en última instancia se debe acudir a las armas de fuego, habrá que procurar disparar a partes del cuerpo que no comprometan la vida de las personas.

Hay una serie de pautas, que en un discurso público de un alcalde o de un ministro seguramente no se venden, pero frente al aumento tan brutal de la delincuencia como fue el asesinato en las afueras de un centro comercial de Quito, lo que menos necesitamos es un discurso violentista, en el que se identifica un enemigo y se le quita la condición de persona convirtiéndolo en paria, sin derechos. Hace falta prudencia.

Probablemente el uso de tecnología con efectos de identificación por ejemplo a través de circuitos cerrados de TV, por características morfológicas de determinadas personas, el empleo de los sistemas de monitoreo permanente como las alarmas comunitarias, el botón de pánico y otras soluciones parche funcionen temporalmente. Pero es primordial pensar a largo plazo en una política criminal predecible, bien definida, que no sea resultado de la novelería del momento. Y analizar cómo se solucionan los problemas que motivan la delincuencia a nivel social.

Hay una serie de pautas, que en un discurso público de un alcalde o de un ministro seguramente no se venden, pero frente al aumento tan brutal de la delincuencia como fue el asesinato en las afueras de un centro comercial de Quito, lo que menos necesitamos es un discurso violentista, en el que se identifica un enemigo y se le quita la condición de persona convirtiéndolo en paria, sin derechos. Hace falta prudencia.

La tecnología muchas veces ha permitido viralizar actos delincuenciales con imágenes explícitas de aquello y el resultado es la alteración de los ánimos del grupo social, porque son acciones que impactan. Los ciudadanos tenemos que ser prudentes al divulgar noticias relacionadas con actos delictivos porque, quien tiene la responsabilidad de esclarecer si estos realmente ocurrieron y las circunstancias, son las autoridades de investigación pública.

Meses atrás la ministra de gobierno, María Paula Romo, felicitó a un policía que tras detener en flagrancia a un individuo que pretendía robar a su propia familia lo pateó brutalmente en el rostro. Mientras, el presidente de la República increpó duramente a un grupo de policías que decidieron no accionar sus armas frente a la comisión pública de un homicidio en la ciudad de Ibarra (caso Diana Carolina), frente a la incertidumbre de si al accionarlas terminarían perjudicando la vida de la propia víctima, retenida por el delincuente. Cómo debe reaccionar la fuerza pública y el ciudadano cuando desde las más altas esfera del poder, hay un discurso que promueve la violencia. ¿Qué es permitido?, ¿qué no está permitido?, ¿qué autorizan las leyes y reglamentos realizar a la Fuerza Pública?

Es importante, además, tomar en cuenta un enfoque situacional, no todos los casos son iguales, puede ser que nos parezcan similares, pero las circunstancias que rodean a cada evento criminal son diferentes, por eso es vital analizar la situación concreta. Es necesario definir cuáles son los usos justificados de la fuerza en las actividades de la Policía y contar con una propuesta técnica, regida bajo estándares internacionales sobre cómo en la práctica se empleará la fuerza, en situaciones de grave inseguridad ciudadana como la que vivimos en el país desde hace mucho tiempo, porque la delincuencia no es ninguna novedad.

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