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Perspectivas sobre la violencia de género desde la Academia

Ximena María Torres Sánchez
Universidad Técnica Particular de Loja
sábado, enero 4, 2020
En el país son múltiples los obstáculos y desafíos para alcanzar la paridad de género, tomando en cuenta que esta realidad por una parte toma como punto de partida diversos aspectos sociales, en los que la desigualdad se encuentra firmemente arraigada; y, por otra parte, que los escenarios en los que se requiere su alcance es diverso.

La violencia de género es una constante en la realidad del Ecuador. La Marcha vivas nos queremos ha sido una forma de intentar concienciar y visibilizar sobre esta problemática. La marcha que se realizó en el país por cuarto año consecutivo, busca recordar a las mujeres que han sido víctimas de femicidio y son una muestra de apoyo a las sobrevivientes de violencia.

Según las cifras más recientes de la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en el Ecuador, desde el 1 de enero hasta el 18 de noviembre del 2019, 95 mujeres fueron asesinadas violentamente por el hecho de ser mujeres. A 57 de ellas, las mataron sus parejas o exparejas.

Es difícil hacer una relación que evidencie en forma de medida el impacto que han tenido las marchas Vivas nos queremos en el Ecuador, por cuanto, la protesta social o también denominada poder blando, ha sido una forma de denuncia y mecanismo de presión a lo largo de todos los tiempos.

Con este antecedente, es posible señalar que como forma de denuncia estas marchas permiten visibilizar las problemáticas derivadas de largas historias de discriminación y desigualdad, las que han derivado en escenarios de violencia, lo que termina por comprometer la integridad y la vida de las mujeres.

Por otra parte, como mecanismo de presión, conlleva la toma de conciencia acerca de tales situaciones e impulso de acciones en los frentes gubernamentales, en respuesta a equiparar estructuras que afirman la desigualdad. Ese es el caso del Derecho, en el que, por ejemplo, se habla de normas en las cuales se ha incluido la perspectiva de género.

En ese sentido, la erradicación en su totalidad de la violencia de género, no es una afirmación que se pueda hacer de manera definitiva, ya que ello implica cambios profundos a nivel de patrones culturales, acciones para la prevención y, fundamentalmente, fortalecer la educación con una visión de igualdad y no discriminación entre seres humanos.

Desde la perspectiva de lo contemplado en la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (2018), se señalan siete tipos: física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, simbólica, política y gineco-obstétrica.

Tomando como punto de partida que en la actualidad el género abarca a diversas categorías de personas cuya característica en común es la discriminación, es posible señalar que la violencia de género, tampoco afecta solamente a las mujeres, sino además a una diversidad de seres humanos que son víctimas de los tipos antes señalados. Por ello, las personas agresoras no son de manera exclusiva los hombres, sino también pueden ser personas del sexo opuesto que afirman determinadas estructuras de poder.

Cuando se hace referencia a largas historias de discriminación, se enfatiza en que el discriminar involucra diversos factores tales como culturales, históricos, políticos y económicos, que se heredan, transmiten y fortalecen de generación en generación, de ahí la dificultad de una erradicación total de tales estructuras, las que además se encuentran firmemente arraigadas.

La acogida o visibilidad de las marchas, que se han generado en uno u otro contexto, va ligada con el desenvolvimiento político y social de cada país, de su historia, luchas e independencias multinivel. En nuestro país, se refleja algo de apatía, lo que podría derivarse de un contra discurso que trata de desacreditar la visión actual del feminismo, que, dicho sea de paso, desde la perspectiva filosófica y teórica, no necesariamente significan algo negativo, sino más bien, han conllevado una serie de conquistas en materia de derechos a nivel global.

Lamentablemente las estadísticas son escasas y no reflejan con claridad el fenómeno de la violencia, pero más allá de ello, se debe señalar que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ha aplicado dos encuestas nacionales Sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres, en los años 2011 y 2019, las cuales aportan datos que permiten revelar esta realidad y promulgar posibles acciones a nivel gubernamental.

Por ejemplo, 32 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia cometida por la pareja en los últimos 12 meses o un año. Mientras que 65 de cada 100 ha vivido una situación similar a lo largo de su vida. La mayor tasa de violencia en el país se registra en Azuay con 79,2%. Le siguen Morona Santiago, con 78,9; Napo, con 77,7%; Cañar, con 74,9%; e Imbabura, con 73,6%.

En el país son múltiples los obstáculos y desafíos para alcanzar la paridad de género, tomando en cuenta que esta realidad por una parte toma como punto de partida diversos aspectos sociales, en los que la desigualdad se encuentra firmemente arraigada; y, por otra parte, que los escenarios en los que se requiere su alcance es diverso.

Por lo tanto, con este antecedente, es posible mencionar que los principales desafíos que se presentan conllevan esfuerzos a nivel estatal, comunitario y familiar.

Por otra parte, desde el Estado es necesario la introducción de políticas públicas a nivel educativo y quizá una mejor armonía entre las normas existentes y su aplicación. A nivel cultural es posible señalar que tanto en la comunidad como en la familia es necesario una mayor apertura a la visión y necesidades de los grupos minoritarios, para fomentar valores fundamentales como la solidaridad y el respeto.

Finalmente, a nivel de la academia es de suma importancia el profundizar en investigaciones imparciales sobre este ámbito, las mismas que devuelvan a la sociedad, la propuesta de acciones que tiendan de manera directa a disminuir la discriminación, prevenir la violencia, educar en valores e introducir acciones que promuevan una cultura de paz.

La violencia de género es una constante en la realidad del Ecuador. La Marcha vivas nos queremos ha sido una forma de intentar concienciar y visibilizar sobre esta problemática. La marcha que se realizó en el país por cuarto año consecutivo, busca recordar a las mujeres que han sido víctimas de femicidio y son una muestra de apoyo a las sobrevivientes de violencia.

Según las cifras más recientes de la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en el Ecuador, desde el 1 de enero hasta el 18 de noviembre del 2019, 95 mujeres fueron asesinadas violentamente por el hecho de ser mujeres. A 57 de ellas, las mataron sus parejas o exparejas.

Es difícil hacer una relación que evidencie en forma de medida el impacto que han tenido las marchas Vivas nos queremos en el Ecuador, por cuanto, la protesta social o también denominada poder blando, ha sido una forma de denuncia y mecanismo de presión a lo largo de todos los tiempos.

Con este antecedente, es posible señalar que como forma de denuncia estas marchas permiten visibilizar las problemáticas derivadas de largas historias de discriminación y desigualdad, las que han derivado en escenarios de violencia, lo que termina por comprometer la integridad y la vida de las mujeres.

Por otra parte, como mecanismo de presión, conlleva la toma de conciencia acerca de tales situaciones e impulso de acciones en los frentes gubernamentales, en respuesta a equiparar estructuras que afirman la desigualdad. Ese es el caso del Derecho, en el que, por ejemplo, se habla de normas en las cuales se ha incluido la perspectiva de género.

En ese sentido, la erradicación en su totalidad de la violencia de género, no es una afirmación que se pueda hacer de manera definitiva, ya que ello implica cambios profundos a nivel de patrones culturales, acciones para la prevención y, fundamentalmente, fortalecer la educación con una visión de igualdad y no discriminación entre seres humanos.

Desde la perspectiva de lo contemplado en la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (2018), se señalan siete tipos: física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, simbólica, política y gineco-obstétrica.

Tomando como punto de partida que en la actualidad el género abarca a diversas categorías de personas cuya característica en común es la discriminación, es posible señalar que la violencia de género, tampoco afecta solamente a las mujeres, sino además a una diversidad de seres humanos que son víctimas de los tipos antes señalados. Por ello, las personas agresoras no son de manera exclusiva los hombres, sino también pueden ser personas del sexo opuesto que afirman determinadas estructuras de poder.

Cuando se hace referencia a largas historias de discriminación, se enfatiza en que el discriminar involucra diversos factores tales como culturales, históricos, políticos y económicos, que se heredan, transmiten y fortalecen de generación en generación, de ahí la dificultad de una erradicación total de tales estructuras, las que además se encuentran firmemente arraigadas.

La acogida o visibilidad de las marchas, que se han generado en uno u otro contexto, va ligada con el desenvolvimiento político y social de cada país, de su historia, luchas e independencias multinivel. En nuestro país, se refleja algo de apatía, lo que podría derivarse de un contra discurso que trata de desacreditar la visión actual del feminismo, que, dicho sea de paso, desde la perspectiva filosófica y teórica, no necesariamente significan algo negativo, sino más bien, han conllevado una serie de conquistas en materia de derechos a nivel global.

Lamentablemente las estadísticas son escazas y no reflejan con claridad el fenómeno de la violencia, pero más allá de ello, se debe señalar que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ha aplicado dos encuestas nacionales Sobre Relaciones Familiares y Violencia de Génereo contra las mujeres, en los años 2011 y 2019, las cuales aportan datos que permiten revelar esta realidad y promulgar posibles acciones a nivel gubernamental.

Por ejemplo, 32 de cada 100 mujeres han experimentado algún tipo de violencia cometida por la pareja en los últimos 12 meses o un año. Mientras que 65 de cada 100 ha vivido una situación similar a lo largo de su vida. La mayor tasa de violencia en el país se registra en Azuay con 79,2%. Le siguen Morona Santiago, con 78,9; Napo, con 77,7%; Cañar, con 74,9%; e Imbabura, con 73,6%.

En el país son múltiples los obstáculos y desafíos para alcanzar la paridad de género, tomando en cuenta que esta realidad por una parte toma como punto de partida diversos aspectos sociales, en los que la desigualdad se encuentra firmemente arraigada; y, por otra parte, que los escenarios en los que se requiere su alcance es diverso.

Por lo tanto, con este antecedente, es posible mencionar que los principales desafíos que se presentan conllevan esfuerzos a nivel estatal, comunitario y familiar.

Por otra parte, desde el Estado es necesario la introducción de políticas públicas a nivel educativo y quizá una mejor armonía entre las normas existentes y su aplicación. A nivel cultural es posible señalar que tanto en la comunidad como en la familia es necesario una mayor apertura a la visión y necesidades de los grupos minoritarios, para fomentar valores fundamentales como la solidaridad y el respeto.

Finalmente, a nivel de la academia es de suma importancia el profundizar en investigaciones imparciales sobre este ámbito, las mismas que devuelvan a la sociedad, la propuesta de acciones que tiendan de manera directa a disminuir la discriminación, prevenir la violencia, educar en valores e introducir acciones que promuevan una cultura de paz.

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