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40 años de una economía accidentada y un marco institucional inestable y opaco

Wilson Araque
Universidad Andina Simón Bolívar
martes, agosto 20, 2019
Como se puede apreciar, la interacción vigente, a lo largo de 40 años de democracia, entre una economía accidentada y un marco institucional inestable y opaco lo que ha generado es que en el ámbito social aún haya deudas pendientes.

Una vez que el Ecuador recuperó la vida en democracia -sobre la base de una Constitución que se esperaba se convierta en el gran faro por donde debía recorrer el país en los años posteriores a 1979-, lamentablemente -reconociendo, eso sí, importantes avances en la modernización nacional-, el camino recorrido ha estado marcado por una economía accidentada y un marco institucional inestable y opaco que, al llegar a 2019, se puede palpar que el país en los diferentes espacios explicativos del quehacer nacional muestra los siguientes síntomas que, pensando en el futuro, son oportunidades de mejora hacia donde se deberán enfocar los desafíos estratégicos del Ecuador:    dependencia perpetua -a la hora de financiar las necesidades fiscales- del comportamiento del precio del petróleo en el mercado internacional; presencia de un sector productivo focalizado, principalmente, al mercado nacional; vigencia de un Estado que, dependiendo de los gobiernos de turno, ha tenido una mayor o menor participación en la actividades productivas; tendencia hacia un sistema político con partidos que han tenido dificultades para mantenerse en el largo plazo, surgiendo a cambio una multiplicidad de movimientos políticos; existencia de un sector social con necesidades aún por resolver en el campo educativo, de la salud y la seguridad personal y colectiva; predominio de un sistema jurídico que ha tendido a generar desconfianza por la forma como ha venido operando; consolidación de instituciones estatales que más que facilitar la tramitología han buscado complicarla y, así, crear el terreno fértil para que crezca con facilidad la corrupción como mal sistémico; vigencia de un desarrollo tecnológico que se ha quedado en el buen discurso de fortalecer y lograr la interacción del Estado, la empresa privada y la academia; y consolidación de una problemática medioambiental muy atada al desarrollo de actividades productivas basadas en la explotación petrolera y los hallazgos de otros tipos de minerales.

            Frente a esta realidad acumulada -producto de aciertos y desaciertos ocurridos a lo largo de cuatro décadas de vida democrática continua- no es nada raro que a la fecha se tenga -por citar un ejemplo- un mercado laboral de baja calidad, en donde lo que tiende a predominar es el subempleo y el empleo inadecuado cuya característica común es el que miles de ecuatorianos, diariamente, se debatan entre jornadas de trabajo prolongadas, inseguras y de baja remuneración que, al final, su realización tiene como único propósito la posibilidad de sobrevivir y poder llevar un pedazo de pan a sus hogares. Dentro de esta realidad laboral, uno de los sectores duramente golpeado es el de los más jóvenes que, muchos de ellos, con sus títulos bajo el brazo salen a buscar un trabajo y no lo encuentran debido a que el sistema productivo nacional -en articulación con la gestión de políticas públicas estatales- no ha sido capaz de crecer lo suficiente para darles esa oportunidad que, luego de su preparación educativa, esperan encontrarla y, más bien, lo que se han encontrado es con puertas cerradas que, bajo los efectos de la frustración, acaban con sus sueños de ser actores directos de la construcción de ese Ecuador mejor que todos aspiramos lograr.

            Ya que se ha iniciado analizando el espacio de la economía -desde el resultado principal de la gestión macroeconómica, como es el empleo-, es importante hacer un recorrido de la evolución del entorno económico ecuatoriano hasta llegar al actual -2019-:

En primer lugar, como registra la historia económica nacional, durante la década de los 70 y comienzos de los 80 el desarrollo socioeconómico del país estuvo cruzado -sobre la base del primer boom petrolero- por los principios de un modelo que buscaba el desarrollo productivo de la industria nacional a través de la denominada “sustitución de importaciones”, cuyas intenciones eran buenas pero que su implementación fue la fallida, ya que la protección a la industria nacional -sin exigirle de forma objetiva mejoras permanentes para continuar con el apoyo proteccionista- lamentablemente -bajo la metáfora del otorgamiento de un cheque en blanco- desarrolló un sector productivo dependiente de la protección estatal y poco proclive al impulso de actividades empresariales basadas en la mejora de la calidad, productividad y, sobre todo, de la innovación continua. De ahí que, la consolidación de la internacionalización con fines exportadores diversificados, aún es una deuda pendiente que se logrará saldar siempre y cuando la competitividad nacional sea mejorada de forma sistémica enfocando las políticas públicas, las estrategias del sector privado y el accionar del sistema educativo hacia la triada señalada y que vale la pena repetirla y con mayúsculas por su importancia: CALIDAD, PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN.

           

 

Luego, en la década plena de los “ochenta”, pagando la factura del sobreendeudamiento y el exagerado gasto público producto de la “primera bonanza petrolera”, el país entró en un período de ajustes permanentes que, terminaron con registros significativos de impopularidad de los gobiernos de turno -Roldós, Hurtado, Febres Cordero y Borja-; los cuales, más que pensar y actuar en lo estructural de largo plazo, se tuvieron que dedicar a apagar los incendios generados por las urgencias de ajustes que se debían tomar para tratar, en algo, de estabilizar la economía y, así, en segundo plano, enfocar su accionar a espacios estructurales como educación, salud y seguridad.

            Para los “años noventa”, en cambio, surgen una serie de propuestas vinculadas al neoliberalismo económico que, comparadas con otros países de la región, realmente fueron unos chispazos neoliberales que, entre los efectos generados, afectaron al buen sistema de planificación que el país había consolidado por años; de ahí, no fue raro que terminen desapareciendo entidades técnicas de planificación como CENDES -Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador-, CENAPIA -Centro Nacional de Promoción de la Pequeña Industria y Artesanía- y FONAPRE –Fondo Nacional de Preinversión-. Uno de los errores capitales cometidos en el gobierno de Durán Ballén -bajo la premisa de que el Estado no se debe entrometer en la economía- fue la puesta en ejecución de una ley de instituciones financieras que liberalizó exageradamente al sector que, luego -como efecto acumulado-, en el gobierno de Jamil Mahuad se tuvo que pagar una futura costosa expresada en el feriado bancario, el congelamiento de depósitos, la salida masiva de ecuatorianos -en calidad de migrantes a otros países-, y la entrada de emergencia al modelo monetario de la dolarización. En la década de los 90, también hubo una presencia fugaz del gobierno de Abdalá Bucaram que, en su momento, quiso poner en marcha en el Ecuador el modelo monetario de la convertibilidad como un medio para controlar la subida del tipo de cambio.

          

Luego, durante la primera década de 2.000, aparecieron los gobiernos, en primer lugar, de Gustavo Noboa quien, en última instancia, fue quien ayudó a consolidar la dolarización en el Ecuador a través de una serie de reformas económicas que, en el ámbito legislativo, fueron denominadas como las leyes trole -leyes para la transformación económica del Ecuador-. Siguiendo a Noboa le sucedió Lucio Gutiérrez quien, con un equipo económico más pegado a la liberalización de la economía, trato de poner las bases para un despegue más dinámico del sistema económico nacional; lamentablemente el fantasma del derrocamiento de presidentes apareció nuevamente y fue reemplazado por Alfredo Palacio quien, con ciertas acciones, trató de recuperar el rol del Estado en la economía nacional y con ello se empezaba a preparar la llegada de Rafael Correa quien, a partir de 2007, diseñó y puso en ejecución un modelo económico con una alta participación del Estado y una serie de decisiones, discursos y acciones que fueron alejando a la inversión nacional y extranjera necesaria, sobre todo, para el desarrollo de nuevas actividades productivas.

Ahora, claro, el modelo de Correa funcionó mientras el precio de petróleo -por varios años- mantuvo niveles elevados que permitían que, desde lo estatal, se inyecten grandes sumas de dinero y, con ello, se active de forma dinámica el crecimiento económico nacional, el cual, como era obvio, tambaleó cuando, a nivel internacional, el precio de las materias primas -tipo petróleo- sufrieron un gran revés en cuanto a los precios registrados a partir de mediados de 2015; conduciendo a la crisis económica que el país vive -hasta ahora 2019- y que el gobierno de Lenín Moreno -instalado desde 2017- ha tenido que afrontarla con medidas que, a la fecha, no terminan de reactivar al aparato productivo ecuatoriano y, así, poder generar un número significativo de fuentes de trabajo digno y adecuado para una población que al empleo lo ve como una de sus principales aspiraciones personales.

Inclusive, como parte de cambio de modelo económico, el Presidente Moreno se ha acercado a los organismos internacionales -uno de ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), satanizado, en su momento, por el ex Presidente Rafael Correa- para lograr financiamiento que ayude a estabilizar las cuentas fiscales de corto y mediano plazo, lo cual, es una expectativa que está pendiente de que muestre resultados que ayuden a salir adelante al Ecuador. En este punto, considerando lo sucedido, recientemente, en países de la región -como el caso argentino-, es importante que las medidas económicas que se vayan tomando -en los meses siguientes- tomen en consideración que las restricciones exageradas al bolsillo y por ende al consumo, luego afectan a las ventas de las empresas e inmediatamente, como es de esperarse, al nivel de empleo que ahora, de por sí, está en una situación complicada en el Ecuador.

Luego del recorrido a lo sucedido con la economía, es importante resaltar algunos elementos que ayudan a explicar la inestabilidad y vulnerabilidad crónica del marco institucional y legal del país que, a la postre, es lo que ha incidido, de forma gravitante, en la pérdida de confianza por el Ecuador como un territorio atractivo para realizar inversiones con fines productivos.

En el caso del sistema de justicia, lamentablemente, es uno de los espacios del entorno nacional que peor desempeño ha tenido, de ahí, como se acaba de señalar, la percepción del Ecuador como un país inseguro -en materia jurídica- es una de las causas principales para que variables económicas como la inversión no se hayan dinamizado. Y lo preocupante es que las palabras que, en su momento, pronunció Jaime Roldós -en 1979-, siguen teniendo vigencia: “estoy inaugurando el Palacio de Justicia, aunque en el Ecuador hasta ahora no se ha inaugurado la justicia”; sobre la corrupción, también, se pronunció -en su discurso de posesión presidencial- enfatizando en que “hay que romper las cadenas de la corrupción”, las cuales, luego de cuatro décadas, más bien parece se han fortalecido gracias, entre otros factores, a una tramitología -liderada por diferentes entidades estatales en contubernio con actores privados- que ha tendido a ser poco eficiente y transparente, quizá con el objetivo oculto de crear el terreno fértil para que los corruptos se asienten y crezcan buscando llenar sus bolsillos personales y/o satisfacer presiones de grupos económicos y/o políticos interesados en sacar tajada para aumentar sus ganancias financieras o cuidar sus espacios de poder que, pensando en las siguientes elecciones, son los que les han permitido mantenerse e incluso crecer en el terreno político y, así, eternizar su existencia en la conducción de los destinos de un país que, prospectivamente, requiere de otro tipo de líderes políticos -éticos, técnicos y comprometidos por el servicio al país-.

Y claro, a lo que se acaba de nombrar, hay que sumar la situación de inestabilidad política expresada con la salida a medio camino de los presidentes: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez; más el surgimiento de las dos nuevas constituciones (1998 y 2008) que se aprobaron -pensando en que serían la salvación de la Patria- y que tampoco, como la historia lo demuestra, han sido la panacea de los grandes males nacionales; ya que, ahora, nuevamente, se está pensando en otra Asamblea Constituyente que permita al Ecuador tener una nueva carta magna, volviendo, así, al escenario de la esperanza nacional basada, unidireccionalmente, en soluciones desde el ámbito legal; cuando la solución a los grandes problemas nacionales va más allá de los cambios que se den al marco legal vigente.

            Finalmente, como se puede apreciar, la interacción vigente, a lo largo de 40 años de democracia, entre una economía accidentada y un marco institucional inestable y opaco lo que ha generado es que en el ámbito social aún haya deudas pendientes, la una -como ya se dijo- un mercado laboral incapaz de generar empleo adecuado en los niveles que la población requiere y que, por ende, no contribuye a que las familias mejoren sus niveles de ingresos y, así, puedan salir de los niveles de pobreza que aún afecta una buena parte de la población. De igual forma, en materia de educación, salud y seguridad hay un trabajo grande -no imposible- por hacer en lo relacionado a la cobertura y, principalmente, a la calidad de los servicios que giran alrededor de estos ámbitos del quehacer social del país que, por su trascendencia, son fundamentales a la hora de lograr una verdadera transformación productiva con equidad social del Ecuador.

1 Comments

  1. felixbasantes 30 agosto, 2019

    Saludos. Gracias por compartir reseña interesante de la vivencia denocrática del país; sin embargo debo expresar que no aparece en ella al menos tres hechos relevantes que marcaron tiempos nefastos: el conocido como sucretización de la deuda del sector privado; el feriado bancario y la última, remisión de deudas; todos en franco beneficio de élites anacrónicas, rentistas y usufructuarias de la riqueza nacional. Exacción o apropiación que socializa pérdidas y privatiza ganacias en desmedro de una democracia económica o justicia social en la participación del bienestar.

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