La Fiscalía y Asamblea Nacional investigarán las denuncias presentadas contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, por los delitos de perjurio, falso testimonio y uso de documento falso.
En la Asamblea Nacional, Fabricio Villamar, de Creo, inició la recolección de firmas para oficializar un pedido de juicio político. En tanto que la Fiscalía iniciará una investigación por la denuncia presentada en su contra por la Unión Nacional de Educadores (UNE). Isabel Vargas, presidenta de ese organismo, dijo que no se puede normalizar la corrupción y peor normalizar la falsificación de documentos.
Villamar afirmó que sí procede la interpelación a Tuárez porque incurrió en prohibiciones constitucionales y legales, pues el inciso 10 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece que no podrán ser designados ni desempeñarse como consejeros quienes sean miembros o representantes de cultos religiosos.
El presidente de la Legislatura, César Litardo, dijo que entrarán a revisar si se hizo un proceso previo de calificación de quienes participaron a candidatos a ese organismo.
Villamar afirmó que el ahora funcionario mintió en su currículum al poner que fue director del convento de Santo Domingo de Guzmán y subdirector de la radio La Voz del Santuario de Baños; también en su declaración juramentada dijo no ser representante de culto religioso.
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