El expresidente de Perú, Alan García, entró en su habitación y se descerrajó un tiro en la cabeza en Lima. Era la mañana del 17 de abril y todo Perú ya sabía que se iba a ejecutar una orden de prisión en su contra.
García intentó suicidarse cuando supo que los agentes de la Policía peruana estaban por llegar para arrestarlo tras ser involucrado en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Con su muerte, la investigación en su contra cesa, pero siguen las dirigidas contra el resto de imputados por los mismos hechos, según los penalistas consultados por la prensa peruana.
La orden de prisión contra Alan Garcíafue emitida como parte de la investigación preliminar en su contra por los delitos de lavado de activos y colusión agravada. Según esas investigaciones, durante su mandato diseñó un marco normativo con decretos de urgencia que contribuyeron a que Odebrecht se adjudicara dos grandes proyectos de infraestructura vial. Una escena repetida en varios países de América Latina, incluido el Ecuador de la última década donde la emergencia fue la norma en la contratación pública.
La constructora le habría pagado coimas simuladas en una facturación por conferencias en Brasil. Y otros pagos a través de terceros, como $4 millones a quien fue su secretario general, Luis José Nava, de los cuales $1,3 millones se habría enviado a una offshore representada por el ex residente de Petroperú, Miguel Atala.
En noviembre de 2018, el expresidente había solicitado asilo en la Embajada de Uruguay en Lima, después de que un juez emitiera una orden que le impedía abandonar el país durante 18 meses.
“Las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de la República del Perú”, sostuvo el ministro de Exteriores de Uruguay en diciembre pasado.
En el caso Odebrecht, en Perú. hay otros tres expresidentes investigados. La investigación fiscal por los casos de corrupción en los que fue involucrado Alan García no se archivarán en la justicia peruana, porque la muerte de uno de los involucrados no para un proceso en la que hay otros investigados por al defraudación de dineros públicos.
Por eso está demás que ahora dirigentes políticos, también señalados por ese caso, intenten usar el suicidio de Alan García como un argumento de su inocencia o de la prueba de que el caso Odebrecht fue montado exclusivamente para perseguirlos.
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