La Comisión de Derechos Colectivos aprobó la noche del lunes 10 de diciembre el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Comunicación que elimina la Supercom y el linchamiento mediático. El texto del informe contiene 90 artículos y seis disposiciones transitorias.
La nueva Ley permitiría publicitar en medios bebidas de moderación de hasta cinco grados de alcohol. Y las sanciones pecuniarias impuestas por la Supercom deberían ser revisadas.
El informe deberá pasar a la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, quien definirá el día en que el Pleno tratará el documento.
El 4 de diciembre, la Comisión de Derechos Colectivos ratificó la vigencia del artículo 42 de la Ley de Comunicación vigente, la misma que determina que las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación en cualquier nivel o cargo deberá ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación. Con excepción de las personas que tienen espacios de opinión y profesionales o expertos en otras ramas que mantienen o columnas especializadas.
Las reformas eliminan la Superintendencia de Comunicación, el linchamiento mediático y se suprimen las multas que determinaban porcentajes de la facturación de los medios. También se elimina el Código Deontológico que deja a la subjetividad del superintendente posibles sanciones.
Las reformas eliminan las sanciones administrativas, punitivas y económicas. La comunicación será un derecho y no un servicio, además, se garantiza la democratización de la comunicación.
La propuesta ratifica la profesionalización de la comunicación para quienes desempeñen actividades periodísticas de forma permanente en los medios. La excepción de esta medida se aplicará a las personas que tengan espacios de opinión y en los medios comunitarios.
El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom) será el encargado de vigilar y controlar los contenidos comunicacionales, pero sin capacidad sancionatoria, como la Supercom. El organismo elaborará informes técnicos en caso de encontrar información discriminatoria, violenta o sexualmente explícita.
Algunos legisladores y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos mantienen su postura de que la ley debe ser derogada por completo.
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